Faranduleo

Karishna Ayala se expresa tras ser acusada por los federales

La hermana de la entrenadora personal de Karol G llevó a sus redes sociales sus reacciones, luego que un Gran Jurado federal la acusó por un alegado esquema de fraude.

Karishna Ayala
Karishna Ayala

La modelo boricua, Karishna Ayala Otero, -hermana gemela de la entrenadora personal de Karol G, Yarishna Ayala Otero— reaccionó en sus redes sociales luego que fue arrestada y acusada por un Gran Jurado federal, ayer.

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Ayala, quien también es maquillista enfrenta acusaciones por tras alegado esquema de fraude, luego de solicitar fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en Respuesta al Coronavirus (CARES, por su siglas en inglés).

La influencer publicó en una serie de historias en la plataforma de Instagram.

Mi gente gracias por preocuparse, pero yo estoy bien y en mi casita”, escribió en una historia de Instagram. En la imagen, la modelo estaba recostada en una hamaca.

“Buenas noches, hoy mis compañeros de vida invadieron mi cama. Gracias a papito Dios por la bendición de tener los mejores hijos del mundo... Mi fuerza, mi motor, mi todo. Abracen y amen mucho. Agradezcan día a día, demuestren, dejen el orgullo de lado y hagan todo lo que le salga de corazón. Tan impredecible que es la vida, que a veces nos recuerda de manera fuerte que nuestra estadía acá es temporal. Hoy estamos, mañana no sabemos”, publicó en una imagen de sus hijos descansando.

En una tercera imagen arremató contra los reporteros y los medios de comunicación.

Nunca subestimes ni hagas especulaciones sobre una persona por algúnun comentario que te hayan hecho. Siempre hay dos versiones; escucha ambas versiones. No subestimes, no especules. La verdad siempre prevalece”, añadió.

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“Recuerda que el trabajo de un reportero siempre será añadir, especular y crear controversia para que por fin su noticia pueda irse viral”, concluyó.

El comunicador y columnista de Metro Puerto Rico, Fernan Vélez “Nalgorazzi”, mostró las publicaciones en el programa de Lo Sé Todo.

En respuesta a los argumentos de Ayala Otero, Vélez Nalgorazzi reveló los documentos federales que detallan las acusaciones, el cual estaba listo desde el 16 de enero.

Vélez Nalgorazzi, mostró algunas de las aseveraciones que se leen en el escrito.

“Fue parte de la forma y los medios de la conspiración que los acusados y sus conspiración que los acusados y sus conspiradores transfirieron, y causó la transferencia de los ingresos del préstamo, en forma de pagos de sobornos pagados en efectivos y de otras maneras. Los pagos de sobornos fueron disfrazados por los acusados y sus coconspiradores, en muchas ocasiones para aparecer como gastos de nómina por servicios legítimos“, detalla la acusación federal.

“Fue parte de la forma y los medios de la conspiración que los acusados y sus conspiradores gastaron los ingresos del fraude PPP para su propio beneficio personal y en beneficio de sus conspiradores, incluidos los gastos prohibidos bajo los requisitos del programa de préstamos PPP”.

Según la acusación federal, Ayala Otero habría recibido $19,270 el 13 de abril del 2021, de manera fraudulenta.

Las acusaciones que enfrenta

Alegadamente, la joven oriunda de Bayamón, junto a otras 10 mujeres y ocho hombres, desde abril de 2020 hasta febrero de 2024, presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos $587,442 dólares en fondos federales de recuperación de las Pequeñas Empresas de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).

Según documentos judiciales, los acusados son: Ayala Otero; José Carmona Morales; Cecy Casiano Santiago; Arnaldo Dávila Rivera; Cruz Sheila Pérez Guzmán; Emmanuel Maysonet Cruz; Janelle Irene Fe Cooney Delgado; Jesús Rodríguez Maysonet; Julia Cecilia Santiago Salgado; Nelson Noriega Sotomayor; Héctor Martínez Ortiz; Carolyn González Marrero; Edyel León Rivera; Ángel Febus Muñoz; Verónica Vázquez Molina; Lilliam Collazo Pérez; Rebeca Serrano Martínez; Rosa Casanova Salgado; y Tatiana Lebrón.

La acusación formal alega que los acusados presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos PPP que contenían información falsa y fraudulenta, y documentos falsos, incluidos documentos fiscales, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación falsos y ficticios. La acusación formal alega además que los acusados y sus cómplices ordenaron a los destinatarios de los préstamos PPP obtenidos de manera fraudulenta, que remitieran una parte de los ingresos de los préstamos a los demandados y sus cómplices, y posteriormente, utilizaron los ingresos para beneficiarse ellos mismos, y otros, y para pagar gastos prohibidos bajo los requisitos del programa.

En el caso de Carmona Morales y Casiano Santiago, adicional enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por realizar a sabiendas transacciones financieras que involucran el producto de fraude electrónico, junto con otras personas previamente acusadas. También, se alega que los acusados, incluido Carmona Morales, reclutaron a otros cómplices que no están acusados, no solo para obtener préstamos EIDL y PPP adicionales con falsos pretextos, sino también para reclutar a otros para que presentaran solicitudes fraudulentas.

El fiscal federal, Stephen Muldrow, explicó que se trata de la quinta ronda de acusados después de una investigación que duró casi tres años por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Servicio de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Puerto Rico, el Negociado de Asuntos Especiales de Puerto Rico (NIE), Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y Policía Municipal de Guaynabo.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude electrónico. Carmona Morales y Casiano Santiago también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.

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