¡Aaaaatángana! Aún no estamos en el 2028 y ya los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) están al palo en los programas de televisión de discusión política. Bueno, en el PNP han estado peleando desde el día después de las elecciones, pero a eso no es a lo que vinimos.
En esta ocasión, fue el secretario del PPD, Manuel Calderón Cerame, quien tuvo que ir al programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López (Telemundo) a defender a Pablo José Hernández luego de que no fuera claro sobre si derogaría la ley que limita las impugnaciones de permisos y que fue firmada esta semana por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Todo comenzó porque Lenín, en lugar de hacer la primera pregunta, lo que tiró fue la primera puya al decir que “es difícil defender a Pablo José cuando se es inconsistente y vago” en su respuesta sobre si derogaría la ley.
Al igual que Pablo José, Calderón Cerame insistió en que se evaluarán las leyes aprobadas en esta administración, pero no afirmó si la derogarían.
¿Nos están entendiendo? No se preocupen, ahora viene lo bueno.
Manuel se molestó cuando Luis Dávila Pernas dijo que Pablo José está “actuando como un político tradicional del PPD, que está, pero no está; que quiere ser americano, pero también quiere ser independiente”.
Posteriormente, Calderón Cerame quiso que Dávila Pernas dijera si está a favor o en contra de la medida. Pero la gritería de verdad se formó cuando Dávila Pernas dijo que Pablo José “no quiere estar con ninguno, porque quiere coger chavos de desarrolladores y estar con la gente”.
Vean el video.
Todo esto es porque la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que establece nuevos requisitos para personas o entidades privadas que busquen impugnar permisos o actuaciones relacionadas con proyectos de construcción en Puerto Rico.
La Ley 82 de 2026 enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, con el fin de precisar los estándares de legitimación activa en controversias judiciales sobre autorizaciones de proyectos.
La legislación limita las impugnaciones basadas únicamente en alegados incumplimientos de ley o reglamento cuando no se demuestre un daño particular a la persona o entidad que presenta la acción.
Además, dispone que toda solicitud de paralización de obras mediante recursos judiciales o administrativos deberá incluir una fianza, cuyo monto no podrá ser menor al 10 % del valor total del proyecto. Este requisito será obligatorio en casos que busquen detener construcciones previamente autorizadas.
La medida también fortalece los fundamentos para solicitar la revocación de permisos cuando estos hayan sido obtenidos mediante información incorrecta o falsa que haya inducido a error a la entidad emisora.
Asimismo, aclara que errores u omisiones procesales subsanables, que no generen daño inminente, no serán suficientes para sustentar un recurso extraordinario.
La legislación establece, además, la comparecencia de partes indispensables en acciones de revocación y enmienda disposiciones del Código Municipal relacionadas con ciertos usos de suelos rústicos especialmente protegidos.