El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, parece que ya está más calmado luego de la pelea con Eliezer Molina, pero tan calmado que está pensando en cosas que lo tienen confundido y cambiando las palabras.
En un panel con la periodista Milly Méndez en Día a Día, donde también se encontraba la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), confundió las palabras “libido” y “lixiviado” mientras dialogaban sobre el vertedero de Carolina.
“Una consultora de una compañía en aquel momento, que ahora el alcalde dejó para que una empresa privada la administrara, están usando el libido y están afectando…”, expresó Carmelo.
Mientras que la senadora del PIP rápidamente dijo: “¿El qué?”.
“No se llama libido, se llama lixiviado”, dijo Carmelo luego de darse cuenta de que metió las patas.
“Si están usando eso, tenemos un problema grande en el vertedero de Carolina”, añadió la senadora del PIP.
Por si acaso, el “lixiviado” no es nada más que la manera fina de referirse al “caldo de basura”.
Carmelo dice que hay manifestantes pagados para detener construcciones
Carmelo Ríos también se expresó sobre supuestos manifestantes contratados para detener proyectos de construcción encendieron este martes el debate sobre la recién aprobada reforma de permisos impulsada por la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El intercambio ocurrió durante el segmento Entérate de la periodista Milly Méndez en el programa Día a Día, donde también participó la senadora María de Lourdes Santiago.
La discusión giró en torno al Proyecto de la Cámara 310, medida presentada por los representantes Jorge Navarro Suárez y Josean Jiménez Torres, que ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y espera la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La legislación modifica el sistema de permisos en Puerto Rico y endurece los requisitos para que ciudadanos, comunidades o grupos puedan acudir a los tribunales a impugnar proyectos de construcción o solicitar su paralización.
Entre los cambios, la medida exige que quienes busquen detener un proyecto demuestren un interés propietario o personal afectado por un daño “inminente”, además de establecer que toda solicitud de paralización deberá incluir una fianza no menor al 10% del valor total del proyecto.
Durante el panel televisivo, Santiago advirtió que la nueva ley hará “mucho más cuesta arriba” que las comunidades puedan detener proyectos que alegadamente incumplen con leyes ambientales o permisos.
“Lo que busca esta medida es dificultar el que la gente pueda impugnar y solicitar la paralización de un proyecto, a menos que someta esta fianza”, sostuvo la senadora independentista.
Como ejemplo, Méndez planteó un escenario hipotético de un proyecto valorado en $1.7 millones, cuya impugnación requeriría una fianza cercana a los $170,000.
“Nadie tiene eso”, respondió Santiago.
Ríos, sin embargo, defendió la medida y aseguró que detrás de la legislación existe preocupación por casos donde, alegadamente, proyectos autorizados terminan detenidos por personas que no necesariamente residen en las comunidades impactadas.
“Dentro del proceso legislativo se dio de que había gente protestando en proyectos que no les afectaba más allá de los intereses de algunos desarrolladores que, boicoteando otros desarrolladores, contratan —escuchen esto— ‘protestones’ profesionales para detener el proyecto”, afirmó el senador novoprogresista.
“Oye, y algunos hasta salen electos”, añadió posteriormente.