Es viernes, todo el mundo está feliz y loco por salir de la oficina para irse a beber… menos Jay Fonseca, quien vive en un eterno lunes a las 8:00 a. m., y se tiró el rant número 528 contra los oficiales de prensa del gobierno que no le envían los comunicados.
Jay estaba furioso porque la relacionista del Departamento de Justicia no le envió el comunicado anunciando la recomendación de un Fiscal Especial Independiente contra la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
Bendito, Jay, entendemos tu coraje. Ese comunicado llegó hasta el email de El Calce, imagínate jajajajajaja.
Sin embargo, Jay agradeció que una colega de otro canal le hizo el favor de darle forward para que se enterara del breaking news y pudiera enterarse mientras estaba al aire en Los datos son los datos de WAPA TV.
Jay insistió en que los relacionistas del gobierno tienen una “agenda” y envían los comunicados a la competencia para que les ganen y posteriormente nos deleitó con un remix de cánticos religiosos.
Información del comunicado que no le enviaron a Jay
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó el viernes que el Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente contra la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por hechos que podrían constituir influencia indebida y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
“El Departamento de Justicia reitera que esta determinación se realiza en una etapa preliminar y no constituye una adjudicación final de responsabilidad penal”, dijo Gómez Torres en declaraciones escritas.
La recomendación fue notificada al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente conforme a la Ley 2 de 1988, luego de culminar la investigación preliminar. Justicia también informó la determinación a los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano, así como a la exsecretaria Pérez Peña.
La pesquisa comenzó tras un referido presentado por Torres Cruz y Vargas Laureano sobre posibles irregularidades vinculadas a centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la entonces secretaria de la Vivienda. El caso fue investigado por la División de Integridad Pública y la Oficina del Contralor.
Como parte del proceso, Justicia evaluó declaraciones juradas, documentos y otra evidencia recopilada. Además, se realizaron entrevistas y se diligenciaron requerimientos de información a distintas agencias gubernamentales.
A base de esos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Por otra parte, Justicia identificó elementos relacionados con los procesos administrativos aplicables a centros de inspección de vehículos de motor que, a su juicio, requieren revisión adicional por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas. La agencia recomendó que, de encontrarse posibles violaciones penales, el asunto sea referido a las autoridades correspondientes.
Gómez Torres indicó que, debido a que el caso ahora está bajo la consideración del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Departamento de Justicia no emitirá comentarios adicionales.