Aunque ya han pasado más de siete meses desde que la Comisión de Juegos promulgó el reglamento para el manejo de las apuestas deportivas, este sector, que a nivel global generó casi $67,000 millones en el 2020, no ha logrado despegar en Puerto Rico, donde apenas un operador ha conseguido obtener una licencia provisional.
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Sin embargo, ni siquiera Casino del Mar, en el hotel La Concha, tras más de tres meses de que se le concediera la licencia temporera, ha podido comenzar a operar plataformas de apuestas en línea, un segmento que, de acuerdo con un estudio de la empresa de consultoría Grand View Research, conformó el 80% del valor de las apuestas deportivas en todo el mundo hace dos años.
Aunque legalmente no existe un impedimento a que las instituciones financieras acepten depósitos provenientes de las apuestas deportivas o procesen transacciones de apuestas en línea, voces conocedoras de la industria apuntan a la ausencia de regulaciones claras en Puerto Rico como uno de los factores que, hasta la fecha, han alejado a los bancos comerciales de este mercado.
“Los bancos comerciales en Puerto Rico están sujetos al estricto cumplimiento con regulaciones federales y estatales. La industria se mantiene atenta a los pronunciamientos de sus reguladores con relación a este tema. La decisión de una institución financiera comercial de introducirse a industrias emergentes recae en la ponderación del apetito del negocio versus el riesgo”, sostuvo, en unas declaraciones escritas, Zoimé Álvarez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR).
En un memorial sometido a la Legislatura en febrero, con motivo de un proyecto senatorial que busca enmendar la Ley 81-2019 – que creó la Comisión de Juegos y abrió la puerta a las apuestas sobre eventos deportivos– la ABPR hizo constar que “el tema relativo a la apertura de cuentas en la industria de juegos, particularmente en el segmento de eSports, debemos comentar que generalmente estos negocios se consideran como de ‘alto riesgo’ en conformidad con lo dispuesto en las leyes y reglamentos bajo el ‘Bank Secrecy Act of 1970′, según enmendado, y demás leyes y pronunciamientos federales sobre anti-lavado de dinero”.
Si los bancos no se insertan en el proceso, sería virtualmente imposible operacionalizar un mercado de apuestas en línea y, consiguientemente, maximizar el impacto económico que se previó al aprobarse la Ley 81.
“La Reserva Federal de Nueva York ya emitió ‘guidelines’ y emitió un ‘clearance’ para la industria de (el estado de) Nueva York, que recibe juegos ‘online’. ¿Por qué allá sí y acá no? Porque allá son serios y lo están haciendo bien. Ni siquiera saben dónde es la fuente que tienen que ir, que es a la Reserva Federal de Nueva York”, dijo una fuente con conocimiento de la industria.
En el caso de Nueva York, donde ya se aceptaban apuestas deportivas en modalidad presencial, fue a inicios de este año que se aprobó el marco regulatorio para dar paso a las apuestas en línea. Según The New York Times, en las primeras cinco semanas desde que comenzaron las apuestas deportivas en línea, se registraron jugadas valoradas en más de $2,400 millones en el estado con casi 20 millones de habitantes.
Jaime Rivera Emmanuelli, director ejecutivo interino de la Comisión de Juegos, no precisó si el organismo regulador ha realizado gestiones ante las autoridades federales para la aprobación de unas guías que brinden mayor confiabilidad y transparencia a las transacciones relacionadas con las apuestas deportivas.
“La responsabilidad de la Comisión de Juegos se establece en la ley que crea la Comisión. La misma faculta al órgano gubernamental a establecer la reglamentación para implementar la misma y velar por el cumplimiento de dicha ley y reglamento. El lavado de activos es una actividad que en Puerto Rico la supervisan las agencias federales y son asisitidas por entidades como el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el Departamento de Hacienda y el mismo sector privado con sus programas de cumplimiento”, dijo el jefe interino de la Comisión de Juegos al preguntársele sobre las gestiones para lograr que los bancos comerciales abran sus puertas a las transacciones ligadas a las apuestas en eventos deportivos.
“La Comisión, como parte de los esfuerzos para regular esta actividad, ha emitido las guias de controles internos que deben seguir los operadores de apuestas deportivas para cumplir con los requisitos operacionales de estos, incluyendo la prevención de lavado de activos. Conforme a esta guía, los operadores someten para la aprobación de la Comisión los controles internos para operar, los cuales la Comisión evalúa y emite su opinión sobre el cumplimiento de los mismos”, afirmó el funcionario.
La comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira, indicó que su oficina espera completar, para septiembre u octubre, un borrador de reglamento que abarque las transacciones relacionadas tanto con las apuestas deportivas como con las máquinas de juegos de azar.
“La manera en que más fácil es atender este tema es (preparar) un solo reglamento de BSA (Bank Secrecy Act) para todas las compañías de juegos. Ahí es donde yo creo que la OCIF se está moviendo y va a estar lista para actuar y tener un borrador para publicar alrededor de septiembre u octubre, para toda la insustria de ‘gaming’. Cuando uno ve el tema de lavado de dinero y estas industrias que son de alto riesgo, el riesgo mayor que hay es que no sabes quién es la persona que está haciendo la transacción. […] La multa se la van a imponer al banco, no se la van a imponer a la compañía (de apuestas)”, planteó la jefa de OCIF.
En entrevista con Metro, Zequeira manifestó que la Comisión de Juegos no consultó los detalles del Reglamento 9316 de Apuestas Deportivas con la OCIF. De acuerdo con Zequeira, la OCIF advino en conocimiento de la existencia del reglamento luego que el documento se hubiera aprobado, lo que ocurrió en octubre de 2021.
“La Oficina no tiene los recursos para estar monitoreando todos los reglamentos (que promulgan las agencias públicas). Hubiese esperado que por una deferencia entre entes gubernamentales hubiésemos tenido notificación, pero ese no fue el caso”, sostuvo la abogada, al añadir que el Reglamento 9316 es objeto de una impugnación judicial que no se ha resuelto.
“La intención es que a ‘x’ fecha, si no se ha resuelto el tema en los tribunales, o el Reglamento (9316) no ha entrado, vamos a sacar nuestro reglamento de BSA para la industria para que por lo menos esto no sea una razón más que impida su desarrollo”, subrayó la jefa de OCIF.
Operador único
Mientras tanto, Casino del Mar –que cuenta con la empresa BetMGM como proveedor de servicios– continúa siendo el único lugar en Puerto Rico donde se pueden realizar legalmente apuestas deportivas, al amparo de la licencia provisional que se le concedió en febrero, en el contexto del fin de semana del Super Bowl de la NFL.
Según confirmó Rivera Emmanuelli en una entrevista con este medio, la licencia provisional fue otorgada mediante una determinación del pasado director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, aunque posteriormente la junta de comisionados del organismo “ratificó” la concesión.
Al cierre de esta edición, no se había entregado a Metro copia de la resolución de ratificación de la licencia.
Rivera Emmanuelli rechazó que mantener una industria funcionando con un solo operador –Casino del Mar– represente un asunto de competencia desleal hacia otros establecimientos con interés en convertirse en casas de apuestas deportivas.
“Para el mes de marzo, antes que yo comenzara las funciones, teníamos tres solicitudes de operador, con diferentes proveedores de servicio para cada operador. Entiéndase, el casino Ponce Plaza, el casino Foxwoods (en El San Juan Hotel) y Sportium Puerto Rico. Todas ellas están en evaluacion preliminar, en proceso. Faltan algunos detalles que se están evaluando para entonces determinar si se les otorga la licencia provisional, como fue el caso de La Concha, o inclusive si ya cumplen con todos los requisitos de la licencia permanente”, manifestó Rivera Emmanuelli.
Al cierre de esta edición, la Comisión de Juegos no había suministrado la lista de los proveedores de servicios que acompañarían a cada uno de los operadores que solicitaron su licencia de apuestas, ni el monto de jugadas realizadas hasta el presente en el Casino del Mar con los correspondientes recaudos para el erario por concepto de impuestos.