La decisión de la entidad federal de control al Ejecutivo de Puerto Rico de demandar a su gobernador por negarse a una reducción de jornada laboral de los funcionarios para mantener unas cuentas públicas equilibradas y su recomendación de limitar su poder en la entidades públicas, genera para muchos dudas sobre en manos de quién está el destino de la isla. Muchos se preguntan quién lleva las riendas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuyo Gobierno está desde junio de 2016 sometido al control de la Junta de Control Fiscal (JCF), entidad resultante de la normativa aprobada por el Congreso de EEUU. El Congreso, cuando en 2015 en Ejecutivo local reconoció que no podía pagar una deuda de 70,000 millones de dólares, aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que establece la JCF. La JSF, además de las exigencias en el ámbito de las finanzas públicas, ha pedido a Rosselló que enmiende la actual normativa para que solo pueda prescindir de los miembros de las juntas de gobierno de las empresas públicas cuando exista causa justificada. La iniciativa, según la entidad de control federal, pretende evitar la injerencia política en las corporaciones públicas, lo que ahora mismo, según la JCF, no está garantizado gracias a la Ley 3 que impulsó Rosselló y que le da mano libre en esa materia. Los puertorriqueños, tras la decisión del lunes de la JCF de llevar a los tribunales al gobernador, Ricardo Rosselló, se interrogan sobre qué queda de una soberanía ya limitada debido a un estatus político que define a Puerto Rico como un Estado Libre Asociado a EEUU, que deja en manos de Washington ámbitos clave como fronteras o relaciones diplomáticas. Al fin y al cabo, el boomerang siempre regresa a la Junta de Control Fiscal. (Archivo) La JCF acudió a los tribunales para que quede establecido que la reducción de jornada laboral de los empleados públicos (de 2 días por mes), la reducción o eliminación de la paga de Navidad y el recorte en las pensiones de los funcionarios son parte íntegra del Plan Fiscal -establecido por Promesa- para Puerto Rico, documento que debe ser la guía de la política del Gobierno. El analista Jay Fonseca reflexiona a Efe que la decisión de la entidad de control de llevar a los tribunales al gobernador no es más que la constatación del estatus de la isla, que deja claro, a su juicio, la condición de colonia del Estado Libre Asociado. Para el analista, la aprobación por parte del Congreso de la Ley Promesa que establece la JCF no fue más que la forma de Washington de quitarse de en medio el problema de la deuda impagable de la isla. Fonseca aclara que, a pesar de los argumentos del gobernador, lo que establece Promesa y el Plan Fiscal es inapelable y que, en definitiva, confirma que las grandes decisiones están en manos de Washington, que otorgó plenos poderes a la entidad de control federal. “El Congreso dio todos los poderes a la JCF para tener injerencia en la caja del Gobierno”, subraya. “Puerto Rico se encuentra en una zona gris”, asegura. El Gobierno afirma que esa reducción de jornada, que está previsto entre en vigor el 1 de septiembre, afectará a más de 130,000 empleados públicos que perderán parte de su nivel adquisitivo. Además, la demanda buscar establecer que se podrá reducir o eliminar la paga navideña y recortar las pensiones, medidas que el Ejecutivo de Rosselló había anunciado que nunca acatará. La entidad de control federal y oposición han acusado al gobernador de cierto grado de “teatro”, ya que el Ejecutivo, desde que se aprobó el pasado 13 de marzo el Plan Fiscal -que establece los recortes-, no objetó nada al documento. El analista Luis Pabón Roca, por su parte, señala que la situación creada servirá para que a partir de ahora el tribunal federal despeje la incógnita que cuál es la cuota de poder de la entidad de control al Ejecutivo y qué le queda al gobernador. Meme, con una batata con la cara de Rosselló. “Aunque la Junta dijo que marcaría el perímetro no se han establecido los lindes de poder”, apunta Pabón Roca, tras recordar que Rosselló se niega a la reducción de jornada, pero, sin embargo, pide a la JCF que actúe contra los empleados públicos “atornillados”, como se conoce a los contratados por la administración anterior y que entraron tras aprobarse Promesa. La patronal Cámara de Comercio ya ha advertido de que la consecuencia de la reducción de la jornada laboral que puede entrar en vigor a partir del día 1 de septiembre traerá consigo una contracción de la economía.
