Prioridad involucrar a las comunidades de San Juan en el manejo de estorbos públicos

No hay comunidad en San Juan que no haya sido víctima de las propiedades abandonadas o en desuso. El término que usamos cotidianamente es el de estorbo público, el cual es más amplio e incluye cualquier cosa que trastoque la seguridad, la salud o afecte el bienestar de la comunidad, que produzca una inconveniencia, daño, o que esencialmente entorpezca el disfrute de la vida o de la propiedad. Por ello, muchas de estas propiedades efectivamente son estorbos públicos, sólo que carecen del título oficial por aun no haber sido declaradas así por el municipio.

Independientemente de si oficialmente lo son o no, la realidad es que nuestro País está inundado por este problema. Muchas de estas estructuras en desuso son respuesta a la crisis económica que nos ha azotado casi peor que María. Son el retrato de hipotecas que no pudieron ser pagadas, de familias separadas por buscar un mejor futuro fuera de Puerto Rico, son edificios gubernamentales que ya no brindan servicios, sino que ahora son una carga para la comunidad por convertirse en vertederos clandestinos, son escuelas que ya no tienen niños sino maleza, grafito y basura.

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Veamos el asunto de las escuelas públicas. Según un estudio del Centro para la Reconstrucción del Hábitat y la Universidad de Berkeley, el Departamento de Educación cerró más de 600 escuelas en los últimos 10 años, lo cual se convierte en una propiedad en desuso que afecta la comunidad. Su efecto además ha sido catastrófico a nivel económico, social y comunitario. La excusa era ahorrar dinero; a cambio, se deshizo el tejido social y metieron a nuestros niños en vagones. Prohibido olvidar.

Recuerdo la escuelita de mi comunidad. De pequeña, cuando iba de camino a la mía, se formaba tapón frente a la Moisés Meléndez, en Buena Vista Hato Rey. Así también recuerdo, cuando trabajaba en la panadería que estaba en la esquina, recibir a los niños que venían a comprar Icee, tostadas y dulces. Sin olvidar, la improvisada reunión de comunidad en cada elección, donde no importaba tu ideología te saludabas con todos los vecinos que hace un tiempo no veías. Ya esas dinámicas no se dan. Ya esa escuelita no existe, por ser parte de una de las cientos de escuelas cerradas, a pesar de nuestra resistencia al cierre. Con ella también pereció la panadería y el colmadito de la esquina, las cuales eran oportunidades de comercio y de servicio para nosotros.

Esa escuela es una de las tantas que ahora están en desuso, más la comunidad se ha movilizado para que no se convierta en un estorbo público. ¿Y cómo? La comunidad organizada le ha dado mantenimiento y ha decidido retomar el espacio convirtiéndolo nuevamente en un proyecto educativo para los niños del Caño. Así también se han rescatado otros espacios en desuso, como solares baldíos, y los han convertido en huertos comunitarios.

Es gracias al mecanismo del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña que esto ha sido posible. Este es un modelo de tenencia colectiva donde las comunidades como un todo son dueñas de la tierra, y tienen la posibilidad de ser protagonistas de los procesos decisionales sobre su uso. Buena Vista Hato Rey, siendo una de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, es parte del Fideicomiso de la Tierra y consecuentemente tiene las herramientas para manejar el asunto de propiedades abandonadas con mayor facilidad y agilidad. Así también es importante destacar que este modelo protege de especuladores o abusos en declaraciones de estorbo público, lo cual redunda en protección ante desplazamiento de la comunidad.

Hay tantas posibilidades para darle una nueva mirada a estos espacios: propiedades para vivienda accesible, centros comunitarios resilientes o espacios para microempresas. Lo que hace falta es apertura gubernamental ante las soluciones propuestas por la comunidad y permitir una inmersión real de las comunidades en el proceso.

Para las comunidades que no cuentan con este modelo y que, a pesar de los esfuerzos, aún se les dificulta atender este problema, nuestra prioridad desde la alcaldía de San Juan será realizar un proceso de planificación estratégica con ellas para determinar el uso futuro de estas propiedades. Se atajará el asunto con premura y se facilitará el proceso para que pueda ser comenzado por las propias comunidades. Además: se realizará un inventario comunitario de las propiedades en desuso, se le dará vida al existente “Community Land Bank” para que su Junta de Directores esté compuesta por personas comprometidas con la transformación de estas propiedades en activos y que sirvan de herramienta para el redesarrollo comunitario, y se buscará sentar a la mesa a los actores que tiene a su cargo estas propiedades, como instituciones bancarias y gobierno estatal, para establecer un plan de revitalización de las propiedades bajo su jurisdicción en San Juan.

El ente privado tiene responsabilidad sobre la estructura que no está usando, pero el gobierno también la tiene, ya que debe velar porque la comunidad viva en bienestar. En el camino quien más perjudicado termina es el colectivo. Por ello, es nuestro deber darle el apoyo y las herramientas que necesitan para atender este asunto de una vez.

Nota del editor: La autora es candidata a legisladora municipal en San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana por el Movimiento Victoria Ciudadana. Es parte del grupo original de columnistas de ¡¿Politiqué?!, la sección de de discusión política en El Calce.