La jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de San Juan, excusó hoy del desacato y arresto a la ahora expresidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Nivia Fernández, por no presentar plan para abrir portones, pero informó que sigue en pie la multa de mil dólares diarios mientras no se reabra el recinto de Río Piedras.
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Al respecto, indicó que ya la UPR ha sido multado por 11 mil dólares desde el 11 de mayo pasado por no cumplir con la orden del Tribunal de San Juan, que fue confirmada por Apelaciones y el Supremo.
La decisión de la jueza se debe a que Fernández presentó su renuncia pasadas las 10:30 de la mañana de hoy, pocas horas antes de que se cumpliera el ultimátum del tribunal de 24 horas para que presentara un plan “concreto” para la apertura de los portones del principal campus universitario del país.
Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR llevan más de 50 días en huelga indefinida y la presidenta interina había dicho que no tenía las herramientas para poder reabrir el recinto, entre ellas la activación de la Policía, institución que ha indicado que es respetuosa de los procesos que se desarrollan en la casa de estudios.
La determinación de la jueza con Fernández también se basó en que tres miembros de la junta de gobierno de la UPR) presentaron hoy su renuncia al organismo rector para “dar oportunidad a otras personas”.
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Los renunciados son Carlos Pérez Díaz, actual presidente; Carlos del Río, vicepresidente; y Frank Catalá Morales.
Con estas tres renuncias, aumentan a ocho las vacantes en la junta de gobierno de la UPR, entidad que actualmente debe tener 14 miembros.
El quorum para que la junta de gobierno tome decisiones es de siete miembros, por lo que el plan que debía presentar “avalado” por la junta de gobierno no pudo ser procesado ante el organismo
