Campamento Playas pa’l Pueblo y distintas organizaciones reclamaron la intervención del alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, y del gobernador Alejandro García Padilla, así como de la Asamblea Legislativa, para que inicien un proceso de anulación del contrato de arrendamiento en la playa de Isla Verde.
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Además, dijeron que estarán alertas y disponibles para unirse a los manifestantes que defienden la playa en caso que se inicie un proceso de desalojo.
Asimismo, recalcaron en una declaración escrita que “las playas son públicas. Son lugares de recreación y para el disfrute de la naturaleza. Las playas no pueden ser de dominio exclusivo de unos pocos. Son patrimonio de cada puertorriqueño y de todo aquel visitante que sea responsable con este recurso. El gobierno de Puerto Rico, como el pueblo en general, tenemos la responsabilidad de hacer valer este derecho”.
