El temor y la incertidumbre regresaron durante el pasado fin de semana. Adicional a la pandemia que ha robado la vida de sobre 400 puertorriqueños, el sábado pasado estábamos a la espera de la tormenta Laura.
Soy nacida, criada y residente de una de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Cuando se acerca un fenómeno atmosférico, mi ritual, al igual que para casi 26,000 residentes del área, consiste en proteger nuestras pertenencias dentro de las casas por si entra el agua, pensar en donde estaciono el auto para que no se inunde y verificar que una ventolera no arranque los toldos azules que aún quedan.
Este proceso de preparación es una respuesta directa a la planificación, un concepto no tan cotidiano para mí.
En el 2004 se realizó un proceso de planificar el uso de la tierra con miras a la rehabilitación del Distrito Especial del Caño Martín Peña, donde cientos de residentes se reunieron y pensaron cómo visualizaban su comunidad durante y posterior al dragado y limpieza del cuerpo de agua. Gracias al empuje de los líderes comunitarios del G-8, se evitó el desplazamiento de las comunidades, y se creó una corporación pública para apoyar en la ejecución del plan, mientras aprendemos a protegernos y lidiar con las consecuencias de esta situación ambiental.
(Imagen: Para La Naturaleza)
Sin embargo, reconozco que el privilegio de este proceso de participación ciudadana en la elaboración del plan, gracias a un liderato unido y fuerte, no es lo cotidiano, a pesar de que existen estructuras para asegurar este tipo de participación.
Específicamente hablo del Código Municipal, donde, durante la elaboración de un plan territorial, se crearían “juntas de comunidad” por cada cincuenta mil habitantes. El fin de dicha junta es asesorar al municipio en la elaboración, revisión y cumplimiento de los Planes de Ordenación Territorial, cuyo propósito es el desarrollo cabal del municipio. Así también, la junta comunitaria está supuesta a fiscalizar la implementación y darle continuidad al plan. Sin embargo, éstas son un mito, ello debido a que no se conoce su composición o qué han hecho, posiblemente por una politización del proceso. Esto hace difícil asegurar que los intereses comunitarios estén reflejados en las mismas.
No tan solo vemos un fallo en la limitada acción de estas juntas de comunidad, sino también en los procesos de recuperación post María. Todos hemos escuchado de los miles de millones de dólares destinados a reconstruir el país, pero el proceso aún va más lento “que un suero’e brea”. Gente, ya van tres años del huracán. ¿Qué ha pasado? No mucho.
Además del programa de reconstrucción de vivienda, conocido como R3, bajo los fondos CDBG-DR existen programas particulares donde los municipios tienen la posibilidad de planificar, uno de ellos siendo el Programa para la Recuperación Municipal, o MPR. Hoy día, poco o nada conocemos sobre cómo los municipios están desarrollando ese plan, ni sabemos cómo impactará a las comunidades. Tampoco conocemos de mecanismos que aseguren la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración del plan más allá de lo que los municipios consideren pertinente y apropiado. Error. Hay espacio y sobre todo recursos económicos para que el gobierno apoye a la comunidad en el proceso de visualizar su futuro. Lo que aparenta faltar es voluntad.
A pesar de que es harto conocido que las comunidades saben lo que necesitan y bastaría con preguntarles para atender sus necesidades adecuadamente, como sucedió en el Caño Martín Peña, aún el Gobierno batalla con la idea de darle poder decisional a la gente sobre su espacio, su futuro y actuar sobre ello. Es a través de este insumo directo que se crean soluciones integradas, en lugar de seguir la mala costumbre de poner parchos cada vez que se asoma el caos.
Ante las catástrofes que nos golpean, vemos las consecuencias de la falta de participación ciudadana en los procesos de planificación. El gobierno impone su visión para luego tener que resolver, en lugar de utilizar los mecanismos comunitarios existentes o crear mecanismos eficientes para integrar a los residentes en el proceso político, es decir, de creación de política pública.
Esta dejadez consciente del Gobierno, donde obvian cumplir con leyes y reglamentos que requieren de participación ciudadana, provoca que el proceso de recuperación haya sido tan lento, que aun tengamos toldos azules y que muchos hayan tenido que partir.
No nos equivoquemos ni perdamos el aliento. Las comunidades están claras de su verdadero poder. Continúan reclamando participación efectiva en cada decisión sobre sus vidas. Y seguirán reclamando su derecho a ser escuchados y practicando la democracia que se les ha intentado robar.
Nota del editor: La autora es candidata a legisladora municipal en San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana por el Movimiento Victoria Ciudadana. Es parte del grupo original de columnistas de ¡¿Politiqué?!, la sección de de debate político en El Calce.
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