Contexto

Orden administrativa abre caja de pandora en zonas costeras

Para uno de los más respetados científicos ambientales de Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico ha abierto la puerta para que se impulse el desarrollo &#39a lo loco&#39 en las zonas marítimo-terrestres del archipiélago, según indica la Orden Administrativa que exime del trámite ordinario de permisos de construcción emitido luego del paso del huracán María.

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“Da terror que los funcionarios a cargo de dirigir los usos del terreno y los usos generales para mirar el desarrollo integral del país continúen operando como si nada hubiese ocurrido”, señaló el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera-Herrera.

Rivera-Herrera, que en 2016 ganó del prestigioso Premio Goldman de Ambientalismo, denunció lo que entiende son varias notas perjudiciales en la Orden Administrativa 2017-07, titulada Para Eximir del Trámite Ordinario de Permisos de Construcción y Urbanización y el Pago de Derechos a Ciertas Actividades Esenciales Afectadas por el Huracán María con el Fin de Realizar Trabajos de Reconstrucción.

Dicha orden fue aprobada pasado 6 de octubre de 2017, a solo 16 días del paso del Huracán María, la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

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“En esta orden administrativa, ambas agencias eximen a todo aquella persona natural o jurídica de realizar y cumplir con el proceso de evaluación ambiental (ver 2ndo. Por Tanto) relacionado a la reconstrucción de toda aquella estructura o instalación afectada por el Huracán María a través de una solicitud de exclusión categórica”, reza una comunicación por escrita que Rivera-Herrera envió a la prensa nacional.

El erudito en ecología subraya que en una exclusión categórica se agrupan, ordinariamente, todas aquellas actividades que se realizan frecuentemente y cuya naturaleza, intensidad o extensión se entiende no ocasionan impactos significativos al medio ambiente, como por ejemplo la instalación de un poste o el asfaltado de una carretera existente.

RIvera-Herrera, arriba a la derecha, posa junto a otros ganadores del Premio Goldman. (http://www.goldmanprize.org)

“En consecuencia, para los trabajos a realizarse, no se requiere de la preparación de estudios ni un análisis sobre, si por ejemplo, la estructura a reconstruirse esta en un área vulnerable y propensa a daños, nuevamente, por un fenómeno natural similar”, explicó.

“La orden administrativa es sumamente vaga y general en cuanto a las actividades de reinstalación y reconstrucción pues menciona que aplicará “al grupo de usos o actividades gubernamentales, comerciales, industriales e institucionales que atiendan las necesidades esenciales y apremiantes de la ciudadanía como, pero sin limitarse a: combustible, alimentos (incluyendo preparación de alimentos), agua potable y hielo, transportación, medicamentos, servicios médicos y hospitalarios, telecomunicaciones, producción y venta de materiales de construcción y otros usos o actividades afines no aquí mencionados que estén relacionados con suplir las necesidades básicas y dirigidas a aliviar o attender el estado de emergencia”, acotó Rivera- Herrera.

Peor aún, indicó el científico, la orden administrativa hace mención de que se pueden llevar a cabo mejoras sustanciales que impliquen ampliación, reconstrucción, rehabilitación u otra mejora de una estructura en “Areas Costaneras de Alto Peligro, que son aquellas áreas en la costa sujeta a la inundación base y a altas velocidades de aguas que incluyen marejadas ciclónicas,” entre otras, siempre y cuando cumplan con el Reglamento sobre Areas Especiales de Riesgo a Inundación.

Es decir, esto significa “continuar promoviendo o permitiendo la construcción en áreas de alto riesgo utilizando un reglamento cuyas disposiciones y aplicación demostraron ser inefectivas e inadecuadas tras las inundaciones sufridas por cientos o miles de estructuras tras el paso del Huracán María”.

Ante lo anterior, Rivera-Herrera entiende que “es evidente que los funcionarios que dirigen estas agencias no han aprendido de la experiencia y los daños sufridos por decenas de miles de familias en el país tras el paso de los huracanes Irma y María”.

“En consecuencia, es necesario preguntarse si están capacitados o están hábiles para ayudar a dirigir la recuperación de Puerto Rico, y con ello, encaminar nuestro desarrollo sostenible y resiliente frente a los retos que ya enfrentamos por la crisis fiscal y el cambio climático, apuntó el experto.

“Sugiero a los periodistas que soliciten una declaración o respuesta de los dirigentes de la JP y OGPe al respecto, incluyendo del Gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por las implicaciones que tal proceder conlleva, particularmente ante las solicitudes hechas para recibir mas fondos y ayuda del Gobierno Federal. ¿Acaso continuar construyendo en áreas de alto riesgo no constituye un despilfarro de fondos públicos, independientemente de su procedencia?”, cuestionó Rivera-Herrera.

“El proceso de análisis ambiental se supone que sea uno que resulte en un desarrollo sostenible, que reconozca los errores que hemos cometido en el pasado y la situación que enfrentamos en el presente para no volver a cometer los mismos errores”, finalizó en su ponencia escrita.

Al comunicarnos con él, el reconocido científico indicó que “en inicio uno puede darle el beneficio de la duda al Gobierno, pues la intención inicial me imagino que era para agilizar lo que tuviese que ver con infraestructura crítica, pero cuando uno lee el contenido de la orden, es tan y tan general, que cualquier cosa se puede colar”.

“Para mí, lo más ilustrativo de todo es que hayan hecho mención de áreas costeras de alto peligro, que dicen que se pueden hacer mejoras en esas áreas reconocidas como de alto riesgo y que cumplen con unas disposiciones del reglamento, cuando el paso de María lo que ha puesto en evidencia es que no ha servido de nada esta mirada que le han dado”, apuntó Rivera-Herrera.

“A mí me da terror. Los que están allí lo saben, mano. No son gente bruta, no son ignorantes. Ellos pueden hacer mucho más. No sé porque están operando así”, finalizó, resaltando que “el huracán no es un desastre natural, es un desastre social”.

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