Las Cenizas de Peñuelas en el contexto de protesta: ¿arma de elección o de libre expresión?

Por: Alva Cardona

El pasado jueves, miembros enmascarados del grupo Jornada: Se Acabaron Las Promesas arrojaron cenizas frente a la oficina de Asuntos Legales del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) en San Juan.

Inmediatamente, algunos medios condenaron el acto de protesta simbólica llamándolo “terrorismo urbano”, y la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) refirió el caso a la Policía y a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) para que investiguen los hechos.

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Y mientras las autoridades están investigando y formulando un plan de acción contra los supuestos terroristas, el pueblo de Puerto Rico está debatiendo y formulándose la pregunta más importante de todas tras las enmiendas al Código Penal que restringieron el derecho a la libertad de expresión y a manifestarse políticamente: ¿es la protesta simbólica un acto de terrorismo?

Aquellos que están claros sobre las intenciones del grupo saben que el acto que cometieron no cae bajo la clasificación de terrorismo, aunque el FBI probablemente no lo vea de esta manera. Quizás, más bien, caería bajo acto de vandalismo político.

El diccionario define terrorismo como una forma violenta de lucha política a través de la cual se persigue destruir el orden establecido, crear un clima de terror e inseguridad, o intimidar a los enemigos o a la población en general. O sea, son actos de violencia llevados a cabo para infundir terror.

El vandalismo político como quiera es un crimen, pero muchos de esos “crímenes” son hechos como un acto de protesta. Sin embargo, tenemos que admitir que estos actos de vandalismo nos abren los ojos. Definitivamente, son actos de protesta efectivos y quizás por eso están siendo condenados por las autoridades y los medios tan fuertemente.
 

No es mi intención ser la abogada del diablo pero considero que, en el contexto histórico, es necesaria la existencia de gente como Banksy, que actualmente hace graffiti alrededor del mundo como acto de crítica social, y hasta los que pintaron sus mensajes de paz y unidad con spray paint en el lado Este de la Pared de Berlín hace más de 25 años, antes de que esta barrera que separaba a Alemania fuera “derrumbada”.

Aunque exista una diferencia entre arte de protesta y vandalismo como acto de protesta, si lo pensamos bien, el grupo de “vándalos” en cuestión utilizó como “arma química” en su manifestación simbólica las mismas cenizas que el gobierno autorizó que se depositaran en Peñuelas y es muy probable que el grupo Jornada: Se Acabaron las Promesas enfrente cargos federales por transportar estos residuos peligrosos a San Juan y depositarlos frente a las oficinas de los jefes de agencias gubernamentales cuyo trabajo, irónicamente, es proteger el ambiente.

El FBI probablemente use como argumento que los protestantes buscaban “aterrorizar” a estos jefes de agencias, pues usaron cenizas de carbón a sabiendas de que contienen químicos dañinos a la salud humana y el ambiente. Pero, si seguimos el razonamiento de que ellos cometieron un acto de “terrorismo urbano”, ¿no sería lógico inferir que el gobierno, por otro lado, está cometiendo un acto de terrorismo ambiental?
 

Si las cenizas en cuestión contienen altos niveles de radioactividad y metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, berilio, y cromo hexavalente, que causan cáncer y problemas neurológicos y respiratorios, y hasta son asociados con defectos congénitos, ¿por qué autorizó el gobierno el depósito de estas en un vertedero en Peñuelas, donde amenazarían los acuíferos más importantes del país? ¿Cómo esto NO es considerado un acto de terrorismo ambiental por la JCA o la EPA? ¿No se supone que el gobierno proteja estas áreas de fragilidad ecológica?

Es lógico que exista una preocupación por la salud de los empleados y clientes que se encontraban en el DRNA el día de la manifestación simbólica, pero hay que ver el panorama amplio –y el peligro– que representa el problema del depósito de cenizas tóxicas en Peñuelas.

Hay que poner las cosas en perspectiva, y el punto es que si no se protesta contra lo que está haciendo el gobierno, esta situación podría llevar a un desastre ambiental o de salud pública de grandes proporciones en el sur de Puerto Rico.