No hay Olimpiadas en el 2020, pero en el Archivo General de Puerto Rico hay una memoria viva. Son los reportes diarios que preparó confidencialmente la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con agencias federales y el Departamento de Estado, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan 1966.
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De forma secreta, aquel verano frío en el que Borinquen se contagió por primera vez con la fiebre olímpica en suelo nacional, se trabajó la documentación de toda actividad relacionada con la delegación cubana una vez pisaron territorio boricua. De igual forma, toda clase de interacción entre cubanos enviados por el “régimen” y figuras relacionadas al independentismo puertorriqueño.
A continuación, repasamos esta memoria en cinco episodios:
I
El cronista Emilio Huyke, una de las figuras más influyentes en la cobertura del acontecer deportivo en Puerto Rico durante el siglo XX, señaló en sus memorias de los Centroamericanos de 1966 que “todo giraba alrededor de la participación de Cuba”. Asimismo, que “el Comité Olímpico de Puerto Rico no quería invitar a Cuba”. Huyke sostuvo que, en el marco de las tensiones políticas que estaban latentes en Puerto Rico y la región, luego de la Revolución Cubana en 1959 y del golpe de estado a Juan Bosch en la República Dominicana en 1963, el comité ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE) sesionó en Venezuela y aprobó la llamada “Resolución de Caracas”, donde se aceptaba que la decisión del Comité Organizador de los X Juegos —de no invitar a Cuba— obedecía a razones de seguridad, “sin discriminación política, racial o religiosa”.
La ODECABE es el organismo deportivo de la región encargado de la planificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) rechazó tal resolución, amparándose en el principio de que ningún país cuyo Comité Olímpico Nacional estuviese en orden podía ser excluido de los juegos.
El Gobierno de Puerto Rico había comunicado que no solicitaría las visas para la delegación cubana. Incluso, que se opondría a otorgar las mismas y que, si Estados Unidos las concedía, el gobierno local retiraría el respaldo económico a los juegos. El Departamento de Estado terminó fijándole al COPUR la responsabilidad de determinar quién formaría parte de los juegos y aquella delegación cubana terminó liderando el medallero.
Dice Huyke que “toda la presión, los obstáculos, las intrigas, fueron olvidadas a todo lo largo de los juegos, con excepción de unos minutos en las ceremonias inaugurales”. Añade, además, que “durante quince días vivió Puerto Rico con intensidad la gran actividad [deportiva]. Con excepción de desagradables incidentes entre exilados cubanos venidos de Miami y miembros de la delegación cubana, a los que se les puso coto (límites), los juegos se condujeron normalmente en un clima cordial de gran deportismo por todos los competidores y países participantes”.
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II
Los cubanos, si bien recibieron sus visas, no corrieron la misma suerte para obtener la autorización de pisar suelo boricua en aviones o barcos cubanos, sólo en vuelos comerciales. La misión cubana, empero, terminó embarcada en el buque Cerro Pelado, una embarcación con 315 atletas, entrenadores, personal médico y árbitros. El Cerro Pelado fue obligado a anclar a casi cinco millas de las costas de Puerto Rico hasta que, en horas de la mañana del 11 de junio de 1966, la representación cubana fue transportada a tierra en condiciones descritas como riesgosas y difíciles.
A tales efectos, el operativo de persecución policiaca se materializó en el carpeteo diario de los movimientos de los atletas cubanos y demás miembros de la delegación cubana en Puerto Rico. Es decir, consistió en la creación de unas carpetas con reportes que forman parte de un paquete histórico de, aproximadamente, 74 mil expedientes preparados ilegalmente por la División de Inteligencia del Departamento de la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, según reconocido por la Rama Judicial en la Orden Administrativa EM-2003-8, “para la disposición de las carpetas”, firmada por el entonces juez presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Rebollo López.
Este expediente, un paquete de documentos examinados por los Comisionados Judiciales Abraham Díaz González y Ángel Manuel Martín, incluye fotografías y cortes de prensa (El Mundo y The San Juan Star) donde se identifica continuamente a José Llanuza, máximo dirigente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba, así como las diferentes notas que desarrollaron los policías en funciones y altos dirigentes del cuerpo.
En el caso de los reportes policiacos se identifican figuras asociadas al independentismo puertorriqueño, como Juan Ángel Silén, Juan Mari Bras, William Valentín Cancel, José A. Irizarry, Ángel Luis Bonilla, Roberto Claudio Maldonado, José B. Acevedo López, Gervasio Luis García, Marcos Rodríguez Freese, Raúl González Cruz, Enrique Vázquez Báez y Miguel Parga Vilá.
El diseño del operativo movilizó a 17 policías con roles específicos, distribuidos en diferentes áreas de la isla para monitorear las incidencias durante las competencias y reportar “novedades diarias” a la Oficina de Inteligencia. Los nombres que figuran en los documentos son los siguientes: los detectives José Green y Luis A. Piraldi, destacados en la piscina olímpica para los eventos de natación; el guardia Alberto Rodríguez Bonilla, encargado de dar seguimiento a la misión en el Teatro Tapia, para los eventos de levantamiento de pesas; el detective Alí Villafañe, ubicado en el Hotel San Gerónimo para las competencias de esgrima; el guardia Antonio Vázquez, destacado en Raquet Club para los eventos de tenis; el detective José Deyrés, ubicado en Levitown para las competencias de judo; el sargento Jorge L. Collazo y el guardia José Aníbal Santiago, encargados de monitorear la Cancha Pepín Cestero para los juegos de voleibol; los guardias Nelson Rivera y Juan López, destacados en la cancha de Baldrich para los partidos de balompié; los guardias Raymundo Rivera Esquilín y Rafael Rodríguez Lebrón, reportando en la cancha de Country Club para los juegos de baloncesto; el sargento Benedicto Trinidad y los detectives Manuel de Jesús Marrero y Félix Santo Domingo, ubicados en el Hiram Bithorn; el sargento Desiderio Cartagena, destacado en el parque Solá Morales para los juegos de béisbol; el detective Ramón Martínez, concentrado en Isla de Cabras para las competencias de tiro; y el guardia Cándido Dueño en Las Croabas, en Fajardo, para los eventos de yatismo.
Del listado de oficiales distribuidos en las competencias, el nombre del sargento Desiderio Cartagena salta a la vista, pues 12 años más tarde, en 1978, sería el segundo al mando en la uniformada y el director de Inteligencia. Antes de ocupar la silla de superintendente, se vería implicado en la misión de poner en marcha el asesinato de los jóvenes independentistas Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado en el notorio caso del Cerro Maravilla, donde la Policía de Puerto Rico utilizó estrategias de persecución y espionaje muy similares a las desarrolladas en secreto durante los Centroamericanos de 1966 y donde años más tarde múltiples figuras relacionadas al gobierno de turno, entonces encabezado por Carlos Romero Barceló, enfrentarían la justicia, incluido el propio Cartagena.
Gran parte del ejercicio de reportar “incidencias diarias” se realizó a puño y letra por los oficiales.
III
Antes de la llegada de la delegación cubana a Puerto Rico el ambiente en la isla ya reflejaba cierta tensión respecto al exilio y el oficialismo castrista. Parte de los documentos del Negociado de Inteligencia incluyen resúmenes de reuniones en las que se discutieron ideas para manejar protestas o posibles choques violentos durante las acciones deportivas en los juegos. Asimismo, el aparato estatal organizó discusiones secretas para organizar los procedimientos a seguirse en caso de que integrantes de la delegación cubana decidieran solicitar asilo a las autoridades norteamericanas durante la celebración de los Centroamericanos.
En una reunión confidencial celebrada el 2 de junio de 1966 en la oficina del comandante de la uniformada estatal, Ernesto Lugo Méndez, hicieron acto de presencia los tenientes Rafael Álvarez y Carmelo Gloró para sostener un intercambio de ideas con los representantes de la Juventud Cubana en el Exilio (JCE), Jaime Raffo, Ricardo García, Ángel Piñeira y Carlos Tolsa. El grupo de cubanos en el exilio le presentó a la uniformada sus planes para los juegos. Informaron que querían desplegar cartelones con mensajes alusivos al abandono de la delegación cubana para que los atletas del “régimen” se sumaran a la comunidad de cubanos contra el gobierno de Fidel Castro. Dijeron que querían mantener la paz y que no querían problemas de “emergencia”.
“La idea es que la policía nos pueda facilitar todos los trámites para nuestra propaganda”, sostuvo en la reunión Jaime Raffo, quien indicó a los oficiales que la idea era que la uniformara brindara protección a los cubanos del exilio en sus manifestaciones durante los juegos.
El sentir de la policía era favorecer a los exiliados cubanos, según lo manifestó el comandante Ernesto Lugo Méndez en dicha reunión secreta entre oficiales y cubanos exiliados en Puerto Rico.
“Nuestras actuaciones dejan dicho que simpatizamos con la causa de ustedes”, aseguró Lugo Méndez en la reunión. “Pero cualquier demostración de parte de ustedes lo que nos va es a complicar el trabajo. No piensen ustedes que nosotros creemos que lo que vayan a hacer lo hacen con ese fin, pero esa forma de propaganda lo que ocasiona son desórdenes entre los grupos”, añadió el comandante.
Según se desprende de los documentos, los oficiales se mostraron preocupados por los antagonismos que podían generar manifestaciones en contra y a favor de la delegación cubana. Dijeron que sabían manejar a los grupos independentistas de Puerto Rico, pero que permitir manifestaciones contra la delegación cubana les complicaría el panorama.
“Queremos la democracia, pero queremos que nos dejen a nosotros bregar con éstos”, lee la transcripción oficial de la uniformada, atribuyendo la línea al comandante Lugo Méndez.
Se dice en las transcripciones oficiales que al momento de esta reunión secreta la policía tenía en agenda sentarse en una mesa con otros funcionarios del gobierno puertorriqueño que no son identificados en los documentos. No obstante, se mencionan los nombres de otros participantes en esa reunión: Ernesto Lafite, Héctor Torres, Idefonzo Hernández y Armando Palacios, personajes que no vuelven a figurar en los expedientes y cuyos cargos oficiales o funciones en aquel momento de la reunión no son detallados.
IV
El comandante Lugo Méndez indicó que el fin de la uniformada y de todos los puertorriqueños era mantener la paz durante la celebración de los Juegos Centroamericanos de 1966. El mismo 2 de junio de 1966 la Policía de Puerto Rico también sostuvo una reunión importante con el director interino del Servicio de Inmigración, Tyrus E. Minnix. Allí asistió en representación del Departamento de Estado, Noel Estrada; el asesor legal de la uniformada, Ramón Olivo; el teniente coronel Astol Calero; el comandante Emilio Hernández Soto; y el teniente Carmelo Gloró, encargado de transcribir las conversaciones. Establecieron un plan para el manejo de desertores.
Según lee una carta confidencial del secretario de Estado, Carlos Lastra, enviada al día siguiente al superintendente Salvador Rodríguez Aponte, este encuentro secreto respondió a los fines de coordinar el procedimiento a seguirse para atender casos de solicitudes de asilo político en Puerto Rico que pudiera hacer algún miembro de la delegación cubana durante los juegos. En la misiva se informa que en la reunión se acordó que cualquier solicitud de asilo debía ser hecha por el atleta o delegado cubano en primera instancia a un agente de la Policía de Puerto Rico destacado en el lugar.
Asimismo, que el agente ofrecería protección inmediata al asilado político “contra cualquier atentado de la delegación cubana” y lo conduciría a un lugar seguro fuera de conflicto. El próximo paso acordado fue entablar comunicación con la Oficina Central del Servicio de Inmigración para referir las situaciones. En caso de que la oficina no se encontrara en funciones al momento de la comunicación de los oficiales, la orden acordada fue que se debía llamar a la Oficina de Inmigración ubicada en el aeropuerto de Isla Verde. El secretario sostuvo en su carta que, una vez entregada la persona a la Oficina de Inmigración, sería allí donde el personal de Inmigración se haría responsable de las gestiones para proveerle asilo y asistencia hasta que el Departamento de Estado en Washington tomara una decisión sobre el asunto.
“Este Departamento no intervendrá directamente en estos asuntos, pero para conocimiento del secretario de Estado, el Servicio de Inmigración y la Policía someterán a mi oficina los informes de casos que intervengan”, lee el documento.
Ejemplo de esto, según fue documentado por la prensa, fue el caso del atleta cubano de lucha libre, Juan Pablo Vega Romero, el primero en abandonar la delegación cubana en suelo boricua. Vega Romero solicitó asilo político poco antes de la medianoche del lunes 13 de junio de 1966 y de inmediato su caso fue trabajado por las autoridades locales y norteamericanas.
En menos de una semana el luchador de 18 años, que según su declaración al servicio de inmigración, no tenía parientes en Puerto Rico, fue transportado a la ciudad de Miami, donde pasaría unos días antes de reunirse con un familiar en la ciudad de Chicago. Este caso sirvió para que el director local de la Oficina de Inmigración, William McConarty, reafirmara la posición inicial de mantenerse atentos a los movimientos de los integrantes de la delegación.
V
Más allá del tema cubano, el asunto de los símbolos nacionales de Puerto Rico también sonó en la prensa y retumbó en la Villa Olímpica. Particularmente, se hicieron sentir reclamos para que se izara la bandera norteamericana durante los juegos, como parte del reconocimiento a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Este reclamo fue encabezado por el liderato de la Asociación de Universitarios Pro Estadidad (AUPE), representado en las figuras de su presidente, Oreste Ramos; su secretario de divulgación, Edison Misla Aldarondo; y José Antonio Rodríguez.
El trío de jóvenes anexionistas, que más tarde terminarían en las filas del Partido Nuevo Progresista, desplegaron una bandera norteamericana frente a la Villa Olímpica el miércoles, 8 de junio de 1966, según reseñó el periódico El Mundo. El reclamo de la AUPE era que se se izara la monoestrellada conjuntamente con la bandera norteamericana, pues, de acuerdo con el posicionamiento de la organización anexionista, había que reconocer el estatus territorial de la isla.
En la nota de prensa se destaca que la AUPE sostuvo comunicación con el alcalde de la Villa Olímpica Kiko Vela, quien en sus declaraciones a los medios indicó que la bandera de Puerto Rico debía ondear sola en el marco de las competencias y reconociendo que el aparato deportivo puertorriqueño contaba con una identidad independiente a la de los Estados Unidos en este tipo de competencias de carácter olímpico.
Además del periódico El Mundo, el diario The San Juan Star también figuró con una amplia cobertura de los eventos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, 1966. Ambos diarios, además, figuran en el contenido de las carpetas del Negociado de Inteligencia, como las dos fuentes principales de información de personas para la uniformada. Las noticias publicadas en ambos periódicos, que tuvieron relación con las tensiones políticas durante los décimos juegos, fueron recortadas y archivadas con sus respectivas fichas y fotografías.
Primera parte de una serie de artículos sobre el carpeteo de la Policía de Puerto Rico durante los Juegos Centroamericanos de San Juan 1966.
