La fiscalía federal confirmó el miércoles, los acuerdos de culpabilidad de Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos relacionados al esquema de corrupción que crearon junto al exalcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado Montalvo.
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Según el acuerdo de culpabilidad, Santamaría Torres era dueño o accionista en tres corporaciones: Waste Collection, empresa que maneja desperdicios sólidos; VIP Healthcare Solutions, administradora de una clínica y Island Builders, dedicada a trabajos de construcción. Las tres empresas tenían contratos en el municipio de Cataño.
Waste Collection obtuvo 11 contratos que ascendieron a 39 millones de dólares. Island Contruction recibió 584 mil dólares en tres contratos. Y VIP Healthcare Solutions obtuvo 33 contratos en total de 9.5 millones de dólares.
El abogado Santamaría Torres aceptó que donó 30 mil dólares para la campaña de Delgado Montalvo de 2012 (en la cual no prevaleció) y 40 mil dólares para la elección de 2016.
Una vez Delgado Montalvo se convirtió en alcalde, Santamaría Torres “y otras personas conocidas y desconocidas por el gobierno” acordaron beneficiarse con contratos para esas tres empresas, pagándole sobornos al exalcalde Delgado Montalvo.
De acuerdo al documento informativo, Santamaría Torres “y otras personas conocidas y desconocidas por el gobierno” se reunían con el exalcalde en varios lugares de Cataño para darle el dinero en efectivo. Además, le regalaron artículos como relojes marca Rolex a cambio de los contratos.
Desde junio de 2017 hasta febrero de 2021, Santamaría Torres le daba mensualmente dos mil dólares en efectivo.
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En el caso de Raymond Rodríguez Santos, presidente de JR Asphalt, aceptó que le dio 14,500 dólares en efectivo al exalcalde de Cataño, para conseguir contratos que ascendieron a 9 .9 millones de dólares. Por este caso, fue arrestado su socio Mario Villegas Vargas, el cual pagó 17 mil dólares en efectivo y le regaló varios relojes a Delgado Montalvo.
El acuerdo de culpabilidad de Santamaria Torres y Rodríguez Santos, incluye una pena de cárcel de cinco años, una multa de 250 mil dólares y tres años de supervisión electrónica.
Los casos están siendo procesados por el fiscal Ryan Crosswell de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, y los Fiscales Federales Auxiliares Scott Anderson y Nicholas Cannon de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico. Las investigaciones están a cargo de la oficina de campo de San Juan del FBI.
