Federales arrestan a reclutadores de la Guardia Nacional de Puerto Rico

La Oficina del Fiscal Federal en Puerto Rico anunció el jueves, el arresto de 25 personas acusadas por un Gran Jurado federal de participar en una conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y la Guardia Nacional de dinero y propiedades desde sus posiciones de reclutadores de dicho cuerpo castrense.

“Estos cargos demuestran claramente que el Gobierno de Estados unidos habrá de tomar acción en contra de aquellas personas que pretendan defraudar a nuestro sistema militar para ganancia personal. Estamos comprometidos en continuar investigando para arrestar a aquellos que engañan al sistema y continuaremos trabajando para erradicar este tipo de fraude en Puerto Rico”, señaló la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.

La investigación de la Fiscalía reveló un esquema de fraude mediante el cual al menos 8 reclutadores y sus asistentes de reclutamiento reclamaban bonos al Gobierno de Estados Unidos por enlistar nuevos reclutas para la Guardia Nacional de manera fraudulenta.

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El Gobierno de Estados Unidos había diseñado un programa de reclutamiento (G-RAP) mediante el cual se pagaban bonos a soldados del “Army National Guard” por reclutar civiles para ese cuerpo. Estos soldados fungían como asistentes del reclutador, el cual no recibía bono, y recibían bonos dependiendo de la preparación del recluta. Los bonos fluctuaban entre 2,000 y 8,500 dólares por recluta.

El fraude consistía en identificar como referidos por el asistente del reclutador a aquellas personas que voluntariamente y sin intervención de ningún oficial de la Guardia Nacional llegaban hasta las oficinas de reclutamiento para enlistarse. Allí el reclutador usaba su nombre y número de Seguro Social y otra información de identidad para generar la documentación relacionada al G-RAP y reclamar al prospecto de recluta que había llegado voluntariamente como si fuera un referido. El reclutador compartía entonces una parte de la bonificación con el asistente reclutador o más bien se la guardaba toda. De acuerdo con la fiscal federal el esquema de fraude podía variar de reclutador en reclutador.

El esquema de fraude produjo a sus autores durante la duración del programa de reclutamiento poco más o menos un millón de dólares en fondos defraudados a la Guardia Nacional y al Gobierno de Estados Unidos. Según Rodríguez Vélez, Puerto Rico es la jurisdicción con la tasa más alta en todos los Estados Unidos.

Las personas acusadas se exponen a penas de hasta 10 años de prisión por los cargos de conspiración, 20 años por fraude y dos años adicionales por el robo de identidad, si son encontrados culpables.