Luego de haber interrogado a 25 funcionarios y exfuncionarios gubernamentales y tres miembros del ‘task force’ médico a lo largo del pasado mes, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes citó para hoy a Juan Maldonado, abogado de Apex General Contractors y el primer representante del sector privado que participará de las vistas investigativas.
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Partiendo de la información que ha trascendido, Maldonado fue la figura que puso el primer bloque en la construcción del escándalo protagonizado por la empresa, al enviarle, el 22 de marzo, un mensaje de texto al coordinador del ‘task force’, Segundo Rodríguez Quilichini, en el que presentaba una especie de catálogo de productos que Apex podía ofrecer al gobierno para ayudar a combatir la epidemia del Covid-19.
Apenas cuatro días después, la compañía dedicada a la construcción había obtenido un contrato de $38 millones para suplir un millón de pruebas serológicas que debían llegar a Puerto Rico en cinco días. A inicios de abril, y luego de que Apex recibiera un pago por adelantado de $19 millones, la orden de compra fue cancelada por el gobierno sin que hubiera llegado uno solo de los ‘rapid test kits’, aunque distintos funcionarios han ofrecido versiones contradictorias sobre los motivos para dicha anulación.
Marilyn Calo, portavoz de prensa de Juan Oscar Morales, presidente de la comisión, indicó a Metro que Maldonado “por el momento” sería el único deponente de la vista de hoy, pautada para las 10:00 a.m. Inicialmente se suponía que junto a Maldonado testificara Ricardo Vázquez, representante autorizado de la compañía 313 LLC, a la que el Departamento de Salud le adjudicó dos órdenes de compra para suplir 101,500 pruebas serológicas de Covid-19.
Sin embargo, la oficial de prensa indicó que Vázquez no se encuentra en la isla.
Apex, 313 LLC y Castro Business son las tres compañías puertorriqueñas a las que el gobierno le ha encargado el suplido de pruebas rápidas. En el caso de 313 LLC, ha demandado dos veces al gobierno para que reciba las pruebas, ante la exigencia de una rebaja en los precios a raíz del retraso en la entrega del material, mientras que sobre el 80% de las 50,000 pruebas compradas a Castro Business permanecen varadas en el aeropuerto bajo la supervisión de la Administración federal de Drogas y Alimentos, según reportó el Centro de Periodismo Investigativo.
La vista pública de hoy es la primera desde que el pasado jueves Morales sometiera el primer informe parcial correspondiente a la Resolución de la Cámara 1741.
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Aquí una magna galería de como va la cosa cortesía del lente del señor Jones (Todas las fotos: Dennis A. Jones)
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A través del informe, Morales refirió a cinco personas a agencias estatales y federales: la ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo; la ex secretaria auxiliar de Administración en esa agencia Adil Rosa; la requisidora Mariel Rivera Rivera; la directora interina del área de Compras en Salud, Diana Meléndez; y el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, José Burgos.
El documento, sin embargo, cubre únicamente las primeras seis vistas de la Comisión de Salud, celebradas entre el 8 y 24 de abril. El organismo también celebró vistas el 29 de abril y el 4 y 5 de mayo.
El coordinador del ‘task force’ médico, Rodríguez Quilichini, testificó que su papel en la saga de Apex se limitó a referir el mensaje de Maldonado a Mabel Cabeza, quien a esa fecha ya fungía como enlace entre el equipo asesor y La Fortaleza, y admitió que recomendó se le diera “pa’lante” a la oferta de un millón de pruebas, como ya había declarado previamente Rosa.
La firma misma del contrato tampoco estuvo exenta de controversia, toda vez que Aaron Vick, un excontratista de la Autoridad de Puertos que aparece como representante de Apex en los documentos, denunció que nunca autorizó que se utilizara su nombre y firma con ese propósito.
Queda por ver, entonces, si el testimonio de Maldonado arroja mayor claridad sobre los eventos que derivaron en la contratación más grande asumida por el gobierno en los poco más de dos meses desde que se registraran los primeros casos de Covid-19 en el país.
“Estamos listos para atender el requerimiento que haga la Comisión de Salud con la seriedad y rigurosidad que amerita y desde una actitud de respeto y en la mejor disposición de contestar los cuestionamientos que tenga que hacer”, adelantó a Metro el pasado viernes la abogada Mayra López Mulero, representante legal de Maldonado, quien fungió como subsecretario de Transportación y Obras Públicas y director de la Autoridad de Transporte Marítimo durante este cuatrienio.
Mira las vistas en vivo: