Contexto

Denuncian "discrimen" e intención del MSJ "de desplazar" a comerciantes en Río Piedras

Fuentes de El Calce, mientras tanto, aseguran que hay "inversionistas" que quieren adquirir espacios donde ubican distintos negocios en el Paseo de Diego.

Distintos comerciantes del casco urbano de Río Piedras, activistas de derechos humanos y personalidades políticas denunciaron esta mañana que el alcalde Miguel Romero envió anoche a la Fuerza de Choque para cerrar varios negocios en el casco urbano de Río Piedras, mientras que la policía municipal asegura que el procedimiento no tiene nada de extraño.

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Según reportaron distintos cibernautas, los negocios Paseo Bar, Iluminati, Loverbar, Club 77 y El Ensayo recibieron la visita anoche de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan (MSJ), en esta ocasión flanqueados, supuestamente, por una unidad capitalina de operaciones tácticas.

Entre las intervenciones mas comentadas, figuró la de Loverbar, negocio frecuentado mayormente por miembros de la comunidad LGBTTIQ+.

Este video de intervención en Lover Bar recorre las redes sociales desde esta madrugada:


Mientras tanto, en la página de El Ensayo Café-Teatro Bar, se interpuso en un post que las intervenciones parecen ser parte ya de un patrón por parte de las autoridades capitalinas, en pos de desplazarlos de la zona.

Asimismo, fuentes de El Calce en la zona urbana de Río Piedras aseguran que el asunto va más allá y que, desde el inicio de la pandemia, ha habido “inversionistas” estadounidense buscando comprar edificios en Río Piedras, y que, supuestamente, ya hasta cuentan con un sistema para lidiar con cualquier problema que confronten con el Centro de Recaudo de Ingresos Municipales.

“Esto tiene que ver con el Fideicomiso de Río Piedras, con la Junta Comunitaria… Ya en varias ocasiones han hecho lo mismo con distintos locales… a Río Piedras lo quieren vender entero”, expresó otra fuente cercana a otro de los negocios intervenidos ayer, en condición de completo y total anonimato.

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Según indicó otra fuente, existe una lucha de poder entre miembros de dicha Junta Comunitaria ante distintos ofrecimientos de compra por parte de “inversionistas extranjeros”, y que, incluso hay organizaciones comunitarias involucradas, aunque no indicó cuáles.

“Tienen la Ley 135 para atender unos fondos para rehabilitar Río Piedras, pero no quieren ser transparente al respecto… Entonces, llegan inversionistas a los negocios ofreciendo dinero para comprar los edificios, y diciendo que resuelven cualquier problema con el CRIM”, señaló la fuente, conectada a la comunidad comerciante de Río Piedras, también desde el anonimato, “pues acá tememos más persecución… Cada vez que alzamos la voz, tratan de sacarnos del medio”.

“Discrimen” contra la comunidad LGBTTIQ+

Mientras, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano exigió al alcalde Miguel Romero que explique la razón para el uso de la Fuerza de Choque anoche en el negocio Loverbar en Río Piedras, que es propiedad de y es frecuentado por miembros de la comunidad LGBTTIQ+.

“Resulta inaceptable, intimidante y temerario el uso de la Fuerza de Choque de la Policía Municipal de San Juan en la intervención que hubo anoche en Loverbar en Río Piedras. Miguel Romero tiene que explicar por qué se utilizaron armas largas, docenas de policías municipales y una actitud intimidante para alegadamente verificar permisos. Esto nos recuerda a los tiempos horribles en que se perseguía, se criminalizaba y se acosaba a la gente LGBTTIQ+ y no lo vamos a permitir”, aseveró Serrano en un comunicado de prensa.

Sobre el caso particular de Loverbar, el portavoz de Puerto Rico Para Tod@s recordó que a ese lugar asisten personas que han sobrevivido crímenes de odio, que han sido perseguidos por la misma Policía tanto municipal como estatal, que van allí precisamente porque se trata un lugar seguro para la gente LGBTTIQ+.

“Este abuso tiene que acabar. Aún si fueron a otros negocios, es inaceptable el uso excesivo de la fuerza y la intimidación para alegadamente ‘buscar unos permisos’. Este despliegue de fuerza excesiva e intimidante representa un abuso que no se puede tolerar. Miguel Romero tiene que detener esta práctica inmediatamente. La homofobia y la transfobia no pueden volver al gobierno municipal de San Juan”, concluyó Serrano.

Mientras tanto, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Díaz, justificó  la intervención que realizó anoche la Oficina de Permisos de la ciudad capitalina en este negocio y adjudicó la presencia policiaca como un acto reglamentario.

En conversación con Metro Puerto Rico, García Díaz aseguró que la división realizó varios operativos anoche en distintos negocios de la región, incluyendo Santurce y la Calle Loíza.

“Se visitó ese negocio y luego se continuó con el plan de trabajo. Esto no iba dirigido a ese negocio como tal”, dijo el comisionado a preguntas de este medio.

“Por medidas de seguridad, la Policía entra, le dice lo que va a ocurrir, salen y hacen un área de perímetro. Lo hemos hecho y lo hicimos con un plan. No importa de quién sea el negocio. Lo que buscamos es que se esté operando conforme a los permisos que tiene”, agregó.

Mientras tanto, el excandidato a alcalde de San Juan Manuel Natal Albelo, también se unió al reclamo ante la intervención en Loverbar.

EL CALCE y Metro intentaron comunicarse con la oficina de prensa del Municipio de San Juan, pero al cierre de esta artículo, su oficial Leti Jover no había respondido ni mensajes ni llamadas de estos medios.

 

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