Curiosamente, esto no tiene nada que ver con la propaganda que quizás te ha llegado a tu correo universitario, si tienes uno de la Universidad de Puerto Rico. Esto se trata de carpeteo directo, desde el propio Departamento de Justicia, a más de 3,000 cuentas de redes sociales.
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Ante esto, distintas organizaciones han reclamado que ya se detenga un desfachatado juicio que lleva tres años, en el que el testigo principal – el agente investigador del caso – se inclina por no cooperar más, pues está en Estados Unidos y no le importa. El juicio ha destapado un aparente esquema de persecución política de parte del Departamento de Justicia a miles de cuentas de ciudadanos privados en redes sociales y se sigue a pesar de que ya ha pasado dos veces por etapas apelativas y, a todas luces, no parece ir a ningún lado.
Cinco estudiantes aún son procesados tras una manifestación en Presidencia de la UPR en abril de 2017 que culminó con un parrandón en la oficina donde se encontraba la entonces presidente de la institución, Nivia Fernández Hernández, en reunión con la Junta de Gobierno. El oficial investigador ha manifestado ya que no quiere seguir con este caso de hace tres años que, por lo mucho que se ha tardado, todavía ni ha llegado a escoger un jurado con respecto a los cargos graves que pretenden imputarle a estos jóvenes, algunos ya graduados.
En este proceso, el descubrimiento de prueba reveló que más de 3,000 cuentas de redes sociales de ciudadanos privados, comunes y corrientes fueron intervenidas para monitoreo. Hasta ahora, este ha sido el carpeteo cibernético más grande que sepamos que haya hecho el Departamento de Justicia, una dependencia que ya va por su tercera secretaria en tres años y cuya reputación ha sido mancilla por la forma y los escenarios en que ha manejado los revoluces de las administraciones de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, aún gobernadora de Puerto Rico.
Imágenes de las listas tachadas circulan desde hace días en las redes sociales.
Durante la mañana de hoy, viernes, una convocatoria fue hecha frente al Tribunal de San Juan para una protesta el próximo lunes. Entre las organizaciones que respaldan la protesta figuran el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el colectivo Jornada: Se Acabaron las Promesas, el Movimiento Nacional Independentista Hostosiano (MINH), el Movimiento Socialistas de Trabajadores, el Frente Socialista, la Colectiva Feminista en Construcción, la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico, la organización Kilómetro 0, el capítulo de Puerto Rico de Amnisitía Internacional, la organización Brigada Legal Solidaria y los colectivos propulsores de arte, música y cultura de conciencia sociopolítica Papel Machete, El Hangar en Santurce y Plena Combativa.
“Todas las personas cuyas cuentas fueron intervenidas, examinadas y/o vigiladas tienen derecho a conocer e impugnar la intromisión del Estado en su espacio de intimidad”, destaca el senador del PIP y candidato a la gobernación Juan Dalmau en una petición formal que envió desde su silla senatorial al Departamento de Justicia.
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“Yo sé de una persona en Fiscalía que me dice: ¿Cómo es posible que haya tantos recursos cuando yo no tengo los recursos para los narcotraficantes?”, destacó, por su parte, la abogada Mariana Nogales, candidata a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana.
Por otro lado, la organización Kilómetro resaltó en su cuenta de Facebook que “el Departamento de Justicia junto a la Policía de Puerto Rico accedió y utilizó nombres e información personal y privada de al menos 3,000 personas usuarias de Facebook, incluyendo menores de edad. Esto ocurrió durante una investigación de un caso de 2017, contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que protestaban durante una huelga. Al parecer, la información es de varios días antes y después de la manifestación e incluye mensajes privados”.
