La Cámara de Representantes aprobó a viva voz una resolución que obliga a los delegados congresionales pro estadidad a comparecer ante el cuerpo legislativo a una sesión de interpelación.
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La Resolución de la Cámara 534 ordena la Cámara a reunirse en comisión total para realizar una sesión de interpelación a los delegados, quienes devengan un salario de $90,000 anuales, además $30,000 para el reembolso de gastos.
Los miembros de la delegación, electos en una elección que contó con una fracción de los electores inscritos en la isla, son el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la exalcaldesa de Ponce María Meléndez, la exsenadora Melinda Romero, el exlegislador municipal de Guaynabo, Roberto Lefranc Fortuño, la exsecretaria de Corrección, Zoraida Buxó Santiago y Elizabeth Torres Rodríguez.