El domingo 10 de diciembre de 2017, cerca de las 11:00PM (día 81 D.M., “Después de Maria”), el Senado controlado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó, a lo sucu sumucu, el Proyecto de la Cámara 1018, que propone crear la “Ley de la Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico”.
Con ese nombre rimbombante, uno pensaría que las libertades religiosas están bajo asedio en Puerto Rico, y por lo tanto merecen ser restauradas. Really?
La religión, y su ejercicio libre, está requeté-protegida no por una, sino por DOS Constituciones: la de Estados Unidos, y la de Puerto Rico (bastante venida a menos después de PROMESA, pero aún hangin’ in there). Igualmente, leyes federales y locales protegen a la gente contra cualquier tipo de discrimen por religión.
A usted que me lee, le pregunto, sinceramente, ¿ha sentido alguna vez que el gobierno le ha limitado el derecho a ejercer sus creencias religiosas? Si asiste a alguna de las miles de iglesias que existen en el país (donde hay más iglesias que escuelas), ¿cuántas veces han entrado ofíciales del gobierno para impedirle que usted ore, o escuche el Evangelio?
¿Y nuestros gobernantes, han defendido las libertades religiosas del pueblo? Piense en los gobernadores que hemos tenido en los últimos treinta (30) años. Rafael Hernández Colón, católico practicante; Pedro Rosselló, católico-protestante (whatever that means); su hijo Ricardo Rosselló, en primera fila del Clamor a Dios, y firmando acuerdos con un sector del liderato religioso (volveré a ese tema más adelante). La gran mayoría de los alcaldes lleva años utilizando dinero público para promover eventos religiosos, desde los famosos “40 días de ayuno y oración”, hasta otros eventos que no trascienden tanto en los (cada día más flacos) diarios del país. ¿Y los legisladores? Claro, no se quedan atrás, y más si sus distritos están en el “Bible Belt” del país.
De manera que nadie en Puerto Rico puede alegar que sus creencias religiosas han sido limitadas o privadas por el gobierno. Las leyes existen, y los gobernantes se esfuerzan por comunicar su endoso (real o fake) al liderato religioso, mayormente cristiano.
Entonces, ¿cuál es el propósito del P. de la C. 1018? Simplemente, unos sectores del país, cuya única misión “religiosa” es estar pendiente a lo que hacen en la cama las personas LGBTT, quieren que el actual gobierno PNP les legisle una “licencia para discriminar”, sin tener que hacer fila en CESCO.
No soy un novato en las Cruzadas antiLGBTT de “a Dios rogando, y con el mazo dando”. Como candidato al Senado por el Distrito de San Juan, allá para octubre de 2012, dije públicamente que legislaría para prohibir el discrimen en el empleo por orientación sexual. La prensa que me cubrió entonces destacó el título incendiario de mi comunicado de prensa: “Gay is the New Black”. OK, el título del comunicado de prensa sonaba corny. De algún lado me lo copié. Mi intención entonces era comunicar lo que creía y todavía creo: la causa de la igualdad jurídica de la comunidad LGBTT es la lucha de derechos civiles de mi generación. En los 1960’s eran los derechos civiles de los negros; en los 1970’s, los derechos de la mujer: desde 2012, en Puerto Rico, la igualdad LGBTT. Así avanzan las sociedades. Además, el Partido Popular Democrático (PPD) propuso legislar ese proyecto en su Programa de Gobierno (el PNP también lo había prometido en 2008…promesa a la que le dieron delete en su programa de 2012).
Tan pronto llegué al Senado, radiqué mi primer proyecto de ley: el Proyecto del Senado 238, para prohibir el discrimen en el empleo por orientación sexual e identidad de género. En mi ingenuidad de novato, pensaba que el proyecto iba a generar “alguna” controversia. No me imaginaba que había lanzado una bomba atómica.
Ya en febrero de 2013, el liderato religioso antiLGBTT organizó la marcha más grande en la historia moderna de Puerto Rico (los organizadores calcularon entre 120 y 200 mil personas), en contra del 238 y del Proyecto de la Cámara 488 (del Rep. Luis Vega Ramos, para aclarar que la Ley 54 les aplica a parejas del mismo sexo).
Cuando se anunció la convocatoria a la marcha, pensé que era una buena oportunidad para acercarme al liderato religioso, e intentar conversar sobre nuestras diferencias.
Nunca olvidaré esa reunión en mi oficina. Un grupo representativo del liderato antiLGBTT me visitó. La tensión se podía cortar con una navaja. Ahí me di cuenta del odio profundo e irracional de estas personas contra la comunidad LGBTT. Ese odio, y el énfasis en la exclusión social y jurídica de otros seres humanos, contradecían todas las enseñanzas de Jesús, el Good News de Sister Georginne, que aprendí en el Colegio San Antonio de Rio Piedras. Uno de mis ayudantes corrió a vomitar al terminar la reunión.
El proyecto 238 generó amplia discusión, con mayor intensidad desde las vistas públicas maratónicas que realizó el Senado en abril de 2013. Me reservo para otra ocasión las estrategias tipo “House of Cards” para conseguir los votos en el Senado, la turbulenta aprobación en la Cámara, y la evolución en las posiciones del Ejecutivo (desde los mensajes traicioneros de la entonces Chief of Staff, hasta las mandás al (ya ustedes saben) a representantes PPD en una visita de madrugada a la Cámara. Tengo que dejar algunos detalles para el libro…
El 238 (interesante que la gente aún recuerde esa ley por el número del proyecto) es la primera ley de derechos civiles LGBTT en la historia del país. Como temían sus detractores, su aprobación le dio paso a otras medidas legislativas y ejecutivas para eliminar el discrimen contra la comunidad LGBTT.
Las luchas que di en pro de los derechos LGBTT carecían de todo cálculo electoral. Primero, las personas LGBTT son minoría en nuestro país. Mientras, el liderato religioso es sumamente numeroso, poderoso, con medios de comunicación, dinero y púlpitos. Segundo, a pesar de su activación ocasional (en contra de la Resolución 99 hace algunos años, y luego el cabildeo por el 238), y tener activistas comprometidos y dedicados a la causa, la comunidad LGBTT no es muy dada a activarse políticamente para defender sus derechos. There, I said it. Incluso después de la aprobación del P. de la C. 1018, son pocas las personas LGBTT que se han indignado a través de las redes sociales.
Las personas LGBTT votan como el resto del país en la papeleta legislativa. Muchos de ellos votan abrumadoramente por los mismos legisladores PNP que después se oponen a sus derechos civiles. Todo sea por la “¡estadidaahhhh!”
De manera que, aún reconociendo que en San Juan vive una numerosa comunidad LGBTT, di las luchas que di sin esperar ser premiado electoralmente. Así lo hice, a mucha honra, con todas las causas que adelanté en el Senado entre 2013 y 2016. Tal vez por eso es que soy el único ex senador de distrito al que diversos grupos siguen atribuyéndose mi resultado electoral: religiosos antiLGBTT, energéticos de la AEE, y hasta taxistas antiUBER (ojo: ninguno de esos grupos ocasionó mi resultado electoral; casi 30 mil electores independientes en el Distrito de San Juan no votaron por NINGÚN senador por distrito. Además, perdimos 15 de los 16 candidatos PPD al Senado por distrito, incluyendo cuatro senadores que siempre votaban, guiados por el liderato religioso, en contra de los proyectos proLGBTT).
Casi cinco años después del 238, las personas LGBTT se pueden casar en Puerto Rico, no pueden ser despedidos de manera discriminatoria, pueden adoptar hijos, y cambiar su género en la tarjeta electoral. Cada vez es menos “raro” ver a dos mujeres u hombres agarrados de la mano en un centro comercial. Han caído en desgracia los “chistes de locas y patos” en las comedias del país, y en las conversaciones macharranas de barra. A la mayoría de los millenials ni les va ni les viene la orientación sexual de sus panas, a diferencia de los boomers y los Gen X.
A raíz de estos avances como sociedad, les pregunto: reconocerles derechos a las personas LGBTT, ¿ha destruido a Puerto Rico? ¿Llegaron los jinetes del Apocalipsis? Pues por supuesto que no. Lo que ha jodido al país, entre otras cosas, es la ausencia de un modelo económico, la desigualdad, estar arrastrando instituciones que no sirven, como la AEE, politizarlo todo, y elegir a personas incapaces (recordando, amigos electores, que los políticos no llegan a sus puestos desde Marte, ni “por obra y Gracia”).
En 2016, el liderato antiLGBTT cifró sus esperanzas en el PNP (como lo ha hecho en casi todas las elecciones recientes). Rápidamente, identificaron la manera de parar la avalancha de derechos civiles LGBTT. Tomaron inspiración del liderato conservador de la “Gran Corporación”, quienes llevan años promoviendo “Religious Freedom Restoration Acts” en legislaturas estatales (sounds familiar?).
No los aburriré con la historia de las leyes de “libertad religiosa” en Estados Unidos. Guguleenla. En resumen, todo comenzó con una ley federal aprobada en 1993. El Tribunal Supremo federal determinó en 1997 que dicha ley no aplicaba a los estados de la Unión (aunque SI le aplica a Puerto Rico como el territorio colonial que somos). Pero la ley federal era para una cosa, y más de veinte legislaturas estatales han legislado para otro propósito.
Según expliqué en un tuit reciente, las leyes de supuesta “libertad religiosa” son para permitirle a alguna gente hacer lo siguiente, sin consecuencias legales:
Algunos están de plácemes porque el gobernador Rosselló ha prometido vetar el 1018 si le llega al escritorio. Si lo veta, muy bien. Pero tampoco es para organizarle una marcha por la Avenida Constitución. Les revelo un pequeño secreto, que no debería serlo, pues se divulgó en 2016.
El 10 de marzo de 2016, el entonces candidato Ricardo Rosselló firmó un acuerdo con líderes religiosos que incluía (drum roll): ¡promover legislación para “proteger” la “libertad religiosa”! Por fin, pensaron los firmantes, un candidato a gobernador les prometía esa licencia anhelada para que sus feligreses pudieran discriminar libremente contra gays, lesbianas, trans, divorciados, musulmanes, o fanáticos de la lucha libre. El candidato Rosselló fue más allá: logró que el PNP elevará ese compromiso al máximo Plan del Plan: su Plan para Puerto Rico.
Ya en 2017, eufóricos desde el poder, el novato legislador Rep. Guillermo Miranda, junto al Speaker Johnny Méndez y la Rep. Maria Milagros Charbonier, radicaron el 1018. En una entrevista, el Rep. Miranda no supo explicar bien las implicaciones de su medida. Tal vez los redactores verdaderos de la medida, los líderes antiLGBTT que asesoran a la Cámara, debieron haber orientado mejor al representante. Lamento personalmente que el compañero músico haya asumido esta postura. Los que hemos tocado Rock usualmente desarrollamos mayor tolerancia y respeto a la diversidad de la gente.
La Cámara aprobó el 1018, con el voto en contra de varios representantes del PPD, el voto a favor del PNP, y las “ausencias estratégicas” de varios representantes PPD. En el Senado, el proyecto fue “descargado” a rajatabla un domingo por la noche, sin vistas públicas, ni informe. Todos los senadores PPD y el senador independiente votaron en contra, junto a tres senadores PNP. El resto de los senadores PNP votó a favor.
El gobernador Rosselló ha insistido en que vetaría el proyecto. Mientras, los líderes legislativos parece que no cuentan con los votos para pasarle por encima a un posible veto del gobernador.
Con toda probabilidad, los líderes religiosos antiLGBTT se quedarán sin licencia pa’ discriminar. Ya los más activos, como el “Pastor” Rene Pereira, han levantado la bandera de la “traición” del gobernador Rosselló, amenazando con liquidarlo políticamente en el 2020.
Confieso haber sido víctima de las calumnias del “Pastor” Pereira (“Calumnias del Pastor Pereira”…buen nombre para una banda punk). Este señor Pereira logró convertir en viral un post de Facebook, de 2014, repitiendo la calumnia de que, supuestamente, yo había prometido en una entrevista radial “silenciar la iglesia” y “acabar con los cristianos”, entre otras lindezas. Debí haber tomado acción legal contra esta calumnia, pero en mi casa me enseñaron a no pelear con locos ni borrachos. Desafortunadamente, esa publicación libelosa fue creída por miles de personas en el sector cristiano, pero aquí pueden leer la transcripción de aquella entrevista, y sabrán la verdad. Lean.
El gobernador Rosselló y el PNP se han metido en una encerrona con la supuesta “libertad religiosa”. La legislatura medieval del PNP podrá reclamar que le cumplieron al liderato antiLGBTT, que se pasa pululando por esos pasillos del poder. Si el gobernador Rosselló veta la medida, estaría violando su compromiso político con ese sector (y tal vez no lo inviten más a Clamor a Dios). De una manera u otra, por estar politiqueando con la fe, el PNP abona más el camino a su cadalso electoral en 2020. Y bueno que les pase.
El senador Arnold Vinick lo advirtió hace años en “The West Wing”:
“I don't see how we can have a separation of church and state in this government if you have to pass a religious test to get in this government. And I want to warn everyone in the press and all the voters out there if you demand expressions of religious faith from politicians, you are just begging to be lied to. They won't all lie to you but a lot of them will. And it will be the easiest lie they ever had to tell to get your votes. So, every day until the end of this campaign, I'll answer any question anyone has on government, But if you have a question on religion, please go to church.”
Por mi parte, debo hacer una aclaración importante. Las luchas que he dado a favor de los derechos de las personas LGBTT no tienen nada que ver con mis posturas sobre la religión. No voy a la iglesia, pero creo en Dios. Creo además, como me enseñaron en el Colegio, en un Dios que inspira a hacer buenas obras y a luchar por la justicia. Respeto profundamente a todos los que profesan sus creencias religiosas, sean las que sean. He conocido y admirado a cientos de pastores y curas que se dedican, todos los días, a salvar almas y ayudar a la gente. En lo político, creo firmemente en el preceptoVox Populi, Vox Dei:“la voz del pueblo es la voz de Dios”.
Públicamente me he enfrentado a líderes religiosos que, lejos de salvar almas y vidas, dedican gran parte de su tiempo a asegurarse que las leyes del estado no les otorguen igualdad de derechos a todos. Con mucho dolor, nunca olvidaré otra reunión en mi oficina del Senado con un prominente pastor, a quien irónicamente le tengo mucho cariño. Ese pastor me advirtió que, si seguía defendiendo los derechos de la comunidad LGBTT, ellos se iban a encargar de destruirme políticamente. Sí, un pastor me dijo eso. El Evangelio de Cristo no incluye citas para poder justificar una expresión como esa.
Soy humano, y reconozco que en ocasiones he sido rudo en el debate público. Si lo fui, mis más sinceras excusas. Pero entiendan: es hora de dejar atrás las obsesiones discriminatorias, y concentrarnos todos en la reconstrucción social y económica de nuestro país. Puerto Rico colapsó en su desigualdad y falta de desarrollo económico, social y educativo. Dejemos atrás las obsesiones discriminatorias, y salvemos el alma de nuestro pueblo.
(Nota del editor: El autor fue Senador por el Partido Popular Democrático. Actualmente, es abogado en la práctica privada.)