Los hallazgos continuos de desperdicios biomédicos en el litoral costero de Añasco y Mayagüez serán investigados en la Cámara de Representantes.
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Así lo informaron los representantes José Pérez Cordero y Maricarmen Más Rodríguez, quienes presentaron una resolución para iniciar una pesquisa sobre el caso y referir los hallazgos alas agencias pertinentes para fijar responsabilidad civil o criminal.
“Es altamente preocupante esta situación que se ha denunciado, no ahora, sino por décadas, porque no es la primera vez que se recoge material como este en las costas del oeste”, acotó Pérez Cordero.
Añadió que “tan reciente como el pasado fin de semana, mientras participábamos con el grupo Tortugas Marinas en una limpieza de la playa en la Reserva natural Boquilla en Mayagüez, encontramos estos desperdicios en el área”.
Sin embargo, sostuvo que “las agencias llamadas a regular el manejo de desperdicios biomédicos e implantar la política pública que rige estos procesos, nada han hecho”.
El legislador dijo que prueba de la “inacción” es el resultado de un informe rendido en 2008 por un grupo interagencial y de otro de las comisiones de Desarrollo Integrado de la Región Oeste y de Salud, presentado el 23 de septiembre de 2014 sobre el mismo problema reportado en la zona.
“El hallazgo de este material en las costas del país representa un alto riesgo para la salud de bañistas y residentes del área, así como para los animales que habitan en la zona”, advirtió Pérez Cordero.
La representante pMás Rodríguez mencionó que Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados establece la política pública sobre la generación, manejo, transportación y disposición de desperdicios biomédicos.
Así también, estipula las disposiciones emitidas por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), implanta el Programa de Manejo y establece los métodos para el tratamiento de los desperdicios biomédicos.
Igualmente, delimita las penalidades que enfrentan los violadores de esta ley y los reglamentos aprobados por la JCA.
El artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico también establece como delito la contaminación ambiental.
En la norma se dispone que toda persona que realice o provoque emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en violación a las leyes o reglamentos o las condiciones especiales de los permisos aplicables y que ponga en grave peligro la salud de las personas, el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años.
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.
“Pretendemos presentar legislación para ordenar a las agencias concernidas tomar acción inmediata ante esta situación. Asimismo, nuestro mayor interés es que se asigne responsabilidad a los responsables de esta vil práctica de arrojar desperdicios que se hallan constantemente en el litoral costero de Añasco y Mayagüez. Nuestros ciudadanos y visitantes merecen gozar de nuestros recursos naturales libres de contaminantes y materia que afecte su calidad de vida”, puntualizó Pérez Cordero.