La Cámara de Representantes aprobó, ayer lunes, el presupuesto consolidado de $560.8 millones de dólares para la Universidad de Puerto Rico (UPR) a partir del nuevo año fiscal 2026-27.
Sin embargo, varias partidas relacionadas con la Universidad continúan bajo el escrutinio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Tan reciente como el pasado viernes, la Junta rechazó, por segunda vez, uno de los principales documentos financieros de la UPR al concluir que el presupuesto propuesto no cumple con el plan fiscal certificado ni demuestra cómo la institución financiará las obligaciones de su sistema de retiro.
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Para la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, se trata de un “ping-pong” entre el ente fiscal y la administración central de la Universidad. Estos últimos, según Rosa Rodríguez, actuaron “a la prisa” al entregar un presupuesto por segunda ocasión que no cumplía con los requisitos de la Junta ni de la Ley PROMESA.
“Cuando vemos lo que está pasando con este juego de ping-pong es que queda en evidencia que ni un lado ni el otro tienen la intención de mantener la visión de la Universidad de Puerto Rico, y en ese presupuesto se refleja el poco conocimiento que hay de la misión de la universidad”, señaló Rosa Rodríguez quien también es profesora de la UPR en Cayey.
Amenaza al sistema de retiro
Una de las razones por las que la Junta rechazó el presupuesto establecido por la UPR fue debido a que “no demostró cómo financiará el sistema de retiro”. Asimismo, señaló que había un déficit de $44.5 millones.
Para la portavoz y coordinadora del caucus claustral en la Junta Universitaria de la UPR de Río Piedras, Margarita Villamil Torres, “la UPR no enfrenta un déficit estructural porque haya gastado más de lo que tiene, sino una deficiencia presupuestaria provocada por recortes que la han dejado con menos recursos de los necesarios para cumplir cabalmente su misión”.
“Exigir tarifas comparables a las de universidades en estados con ingresos tres veces mayor no es rigor fiscal, es trasladar el costo del subfinanciamiento gubernamental directamente al estudiante y a las familias más pobres”, señaló Villamil Torres.
El presupuesto de la UPR ha sufrido recortes acumulados que superan los $450 millones desde el inicio de la crisis fiscal. Mientras, la matrícula asciende a $157 dólares por crédito.
Rosa Rodríguez, por su parte, argumentó que la Junta debería considerar programas de baja matrícula pero de alta demanda laboral e incentivar a los estudiantes sin ajustar los costos de matrícula ni alterar el sistema del retiro.
“La Junta tiene una petición recurrente de que para el retiro tienen que buscarse fondos, eso nos parece sumamente problemático si esos son ingresos diferidos de los mismos trabajadores [...] Nos estamos atando a unos hitos que no hacen sentido, nos estamos atando a que para poder cumplir con el fideicomiso de retiro hay que identificar fondos adicionales. ¿Pero de qué ella (la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde) está hablando? Si a mí todos los meses me retienen parte de mi salario, eso tiene que ir al retiro, eso no se puede usar para otra cosa en la Universidad", añadió.
Además, Rosa Rodríguez sostuvo que la agenda de la presidenta Jordán Conde y de la Junta es “terminar de desmantelar la UPR”.
“Yo creo que la Junta no entiende lo que es la Universidad de Puerto Rico todavía. Tenemos una Junta de banqueros, no tenemos ahí ni un solo educador, ni un solo sociólogo, ni un solo pedagogo... Así que no entienden lo que es el proyecto de la Universidad o no están de acuerdo con lo que es”, señaló.
Del mismo modo, Villamil Torres explicó que “al frente de la institución más compleja y socialmente crítica de Puerto Rico hay una persona que no conoce cómo opera la UPR, que no tiene las destrezas para gerenciar un sistema universitario de 11 campus con decenas de miles de estudiantes [...] y que, más significativamente, parece no comprender lo que la UPR representa para ese joven de escasos recursos que no tiene otro camino. Esa desconexión no es un detalle administrativo. Es el núcleo del problema“.
Intromisión política
Villamil Torres, además, argumentó que los rechazos al presupuesto responden a una agenda política y no a “fortalecer la institución de mayor impacto social en Puerto Rico”.
“La UPR no está donde está por ineficiencia institucional. Está donde está porque le extrajeron aproximadamente $3,500 millones en una década mientras se le exigía rendir como si operara en otro país. Solo dos factores explican esta trayectoria: la intromisión política en la conducción universitaria, avalada por la JSF, y una agenda de austeridad aplicada con una vara de medir que cambia de tamaño según lo que se quiere demostrar”, indicó.
El 24 de junio vence el plazo que la Junta le dio a la UPR para presentar una versión revisada del presupuesto mientras se acerca el inicio del año fiscal el 1ro de julio.