Funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) defendieron este martes ante una comisión senatorial el proceso que culminó con la autorización para la expansión del vertedero del Municipio Autónomo de Carolina, al asegurar que la evaluación estuvo sustentada en recomendaciones técnicas, inspecciones y permisos previamente otorgados.
La comparecencia se produjo durante una vista pública de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por la vicepresidenta senatorial Marissa Jiménez, como parte de la investigación ordenada por la Resolución del Senado 2 sobre la expansión del vertedero y sus posibles efectos ambientales.
“Lo que se cuestiona es quién recomendó el permiso por parte del DRNA. Aclaro que nunca hemos querido que se cierre el lugar, el argumento es proteger el área de la zona ambiental”, expresó Jiménez durante la audiencia.
La investigación se centra en la denominada Celda C, un área cuya expansión ha generado cuestionamientos por parte de legisladores y grupos ambientales debido a posibles impactos sobre terrenos de valor ecológico y señalamientos relacionados con el manejo de lixiviados.
Durante la vista comparecieron el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz; la jefa de la Oficina de Cumplimiento de Desperdicios No Peligrosos, Yolanda Díaz Cintrón; el director de la División de Permisos, Pedro Guevara; la oficial de cumplimiento de permisos Brenda González; además de varios oficiales de cumplimiento y el oficial examinador Luis González Ortiz.
Guevara sostuvo que la autorización concedida corresponde a una renovación de la huella operacional aprobada desde 2012 y explicó que actualmente la evaluación de estas áreas se realiza mediante fotografías aéreas y otros mecanismos de verificación.
Asimismo, indicó que parte de los terrenos involucrados habían sido impactados previamente por operaciones de una cantera que contó con permisos otorgados por las agencias correspondientes.
Al responder preguntas de los senadores, funcionarios de la agencia señalaron que el área de la Celda C fue objeto de inspecciones y revisiones documentales antes de la emisión del permiso.
Brenda González explicó que una visita de inspección realizada el 24 de abril de 2024 permitió corroborar que los planes sometidos por el operador cumplían con los requisitos reglamentarios y que posteriormente se establecieron condiciones adicionales para garantizar un manejo adecuado de los desperdicios.
Por su parte, los oficiales de cumplimiento del DRNA aseguraron que no participaron en la emisión del permiso para la expansión del vertedero, aunque sí realizaron labores de fiscalización y atendieron querellas relacionadas con la operación de la instalación. Según indicaron, las deficiencias identificadas fueron menores y posteriormente corregidas.
Durante la audiencia también surgieron diferencias sobre el alcance de la protección ambiental que debe aplicarse al área donde se ubica la Celda C. La senadora independentista María de Lourdes Santiago cuestionó la interpretación de la agencia respecto a la protección del karso y sostuvo que existe una discrepancia jurídica sobre la extensión de los permisos otorgados.
El DRNA, sin embargo, reiteró que la zona cuenta con controles ambientales para el manejo de desperdicios y que la autorización vigente responde a procesos previamente aprobados para la instalación.