Unos cinco residentes de Puerto Rico se declararon culpables ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos por violaciones a la Ley del Tratado de Aves Migratorias, específicamente por tráfico de patos, gansos y palomas.
Según el fiscal federal W. Stephen Muldrow, los acusados admitieron que se enriquecieron mediante el tráfico, la captura, la posesión, la venta e intercambio de aves migratorias en Puerto Rico y otros lugares.
La investigación sostiene que los acusados capturaban y mantenían aves migratorias en alojamientos temporeros, las ofrecían a la venta en grupos privados de chat por internet, negociaban precios y recibían pagos por su tráfico.
Entre las aves traficadas figuran patos pintail de Bahamas, patos pintail del norte, patos silbadores de vientre negro, patos moteados orientales, cercetas aliazul, gansos canadienses, patos joyuyos y palomas cabeciblancas.
En el caso criminal 25-504, Héctor Rivera González se declaró culpable el 22 de mayo de 2026 por violar la Ley del Tratado de Aves Migratorias.
Rivera González será sentenciado el 7 de agosto de 2026 y enfrenta hasta 2 años de prisión.
En el caso criminal 25-503, Ricardo Morales Colón, Derline Cordero Galloza, Ezequiel Muñiz Salas y Edison Pérez Collado se declararon culpables por conspiración para violar la Ley del Tratado de Aves Migratorias.
Morales Colón se declaró culpable el 5 de marzo y será sentenciado el 17 de junio de 2026.
Muñiz Salas también se declaró culpable el 5 de marzo y su sentencia está pautada para el 17 de junio de 2026.
Cordero Galloza se declaró culpable el 26 de marzo y será sentenciado el 29 de junio de 2026.
Pérez Collado se declaró culpable el 23 de abril y su sentencia quedó señalada para el 9 de julio de 2026.
Cada uno de los 4 acusados en el caso de conspiración enfrenta hasta 5 años de prisión.
Un juez federal determinará las sentencias luego de considerar las Guías de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, a través de su Oficina de Cumplimiento de Ley, investigó los casos.
El fiscal federal adjunto Seth Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, tiene a cargo el procesamiento.