En Puerto Rico definitivamente no nos aburrimos, tras dejar atrás a “Baby” ahora tenemos el “Croqueta Fee”, unas multas en supuesta represalia por parte la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) contra el ex de una amiga, gerente de una compañía de alquiler de vehículos.
La historia que comenzó todo: “Que se vaya a coger por…”: Piden investigar a excomisionada de OCIF por multar al ex de una amiga
La comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), Mónica Rodríguez Villa, justificó el lunes las multas impuestas contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental, al señalar que responden a incumplimientos regulatorios y no a represalias personales.
“Ni sabía, ni participé en esos textos, ni aparezco mencionada en los textos que alegadamente reproduce la declaración jurada. De ser ciertos, el lenguaje contenido en dichos textos es reprochable, los repudio y no estoy de acuerdo con los mismos; pero lo cierto es que desconocía de su existencia; no conozco al querellante, ni participé de ninguna vendetta personal”, dijo Rodríguez Villa en declaraciones escritas.
La comisionada reaccionó a un referido presentado por el representante popular Domingo Torres García ante el Departamento de Justicia contra la excomisionada Natalia Zequeira y la actual titular de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, por supuestos actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.
Supuestamente, la comisionada Natalia Zequeira utilizó su posición para ayudar a una amiga para afectar al gerente de la empresa que culminó una relación con una amiga de ésta y se enfrascaron en una controversia por, entre otros asuntos, la custodia de una perra llamada Croqueta.
Rodríguez Villa sostuvo que la Querella y Orden para Mostrar Causa emitida el 31 de octubre de 2025 contra Allied y AAA responde a un patrón de incumplimiento con leyes, reglamentos y cartas circulares aplicables a compañías de arrendamiento y financiamiento.
Según la comisionada, Allied estuvo autorizada para operar como compañía de arrendamiento desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2024, pero renovó tarde su licencia en múltiples ocasiones entre 2019 y 2024.
En el caso de AAA, indicó que la empresa estuvo autorizada para operar como compañía de financiamiento desde junio de 2015 hasta diciembre de 2024, pero también renovó tarde su licencia en múltiples ocasiones entre 2018 y 2024.
Al momento de emitirse la orden, ambas empresas operaban sin licencia de arrendamiento desde el 1 de enero de 2025, mientras AAA operaba sin licencia de financiamiento desde esa misma fecha, según Rodríguez Villa.
La comisionada añadió que las empresas también incumplieron con requisitos de informes trimestrales y anuales, estados financieros auditados y otra documentación requerida por la OCIF.
“Todas estas violaciones conllevan multas y penalidades claramente establecidas en los reglamentos aplicables. Esas multas no las determiné yo, ni mi predecesora, las determinó un oficial de OCIF conforme a lo establecido en los reglamentos para estos casos”, expresó.
Rodríguez Villa dijo que la oficina intentó durante meses lograr que ambas empresas entraran en cumplimiento antes de emitir la Querella y Orden.
“Sugerir, como ha hecho públicamente un oficial de la empresa, que las acciones de esta oficina responden a una vendetta personal de algún tipo por mi parte es absolutamente falso y deplorable”, sostuvo.
La comisionada señaló que la OCIF renovó el 1 de abril de 2026 las licencias de arrendamiento de Allied y AAA, una vez las empresas entregaron la documentación necesaria.
“La mejor prueba de ello es que no obstante el largo patrón de incumplimiento de Allied y AAA, el cual les ha merecido las multas y penalidades impuestas en la Querella y Orden, tan recientemente como el pasado 1 de abril de 2026 esta oficina les renovó a ambas la licencia de arrendamiento”, añadió.
El referido de Torres García solicita a Justicia investigar si actuaciones regulatorias contra las empresas respondieron a asuntos personales, luego de la divulgación de una declaración jurada y mensajes atribuidos a Zequeira y a otra persona.
“Reiteramos que la OCIF no va a tolerar que ninguna institución financiera o empresa licenciada por esta oficina para hacer negocios en Puerto Rico en virtud de las leyes y reglamentos que venimos obligados a hacer cumplir, pretenda operar al margen o en violación de dichas leyes y reglamentos”, concluyó Rodríguez Villa.