Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras repudiaron hoy, jueves, la medida propuesta por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez que, entre otras cosas, desmantelaría la gobernanza participativa de la comunidad universitaria en los procesos del sistema.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1256 “Ley para la Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico de 2026″.
“Esta propuesta no estabiliza la Universidad: la convierte en un instrumento del partido de turno. Desmantelar la gobernanza participativa de la UPR no es una medida de transformación; es un acto de centralización autoritaria que pone en riesgo las acreditaciones, ayudantías económicas y el futuro de más de 42,000 estudiantes”, advirtió Dyamar Cruz, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Río Piedras.
La totalidad de las facultades “extraordinarias y centralizadas” del sistema universitario, a través de esta medida, serían conferidas a la Junta de Gobierno de la UPR pero, ampliada por un término de cinco años improrrogables. En otras palabras, las enmiendas a los Artículos 17 al 20, suspenden “íntegra y exclusivamente” las facultades decisiones de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, La Junta Universitaria y los Claustrales reduciéndolas a “exclusivamente funciones consultivas, académicas y de evaluación curricular”, según lee la Ley.
En su exposición de motivos, Navarro Suárez invoca a “preservar la autonomía universitaria con la salvaguarda de que toda intervención aquí dispuesta es excepcional” no obstante, al mismo tiempo se suspenden, por cinco años, todos los cuerpos que la ejercen.
“Estos son los espacios donde el personal docente ejerce su autoridad académica colegiada, donde el estudiantado ejerce su representación y voz, y donde el personal no docente participa en la vida institucional. Reducirlos a funciones meramente consultivas equivale a excluir a la comunidad universitaria de las decisiones que afectan directamente su quehacer cotidiano, su contrato laboral, sus programas y su vida académica”, señaló el CGE-UPRRP en conferencia de prensa.
El Consejo, además, argumentó sobre el riesgo que presentaría sobre la acreditación institucional y los fondos federales al establecer que la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE, por sus siglas en inglés) tiene como requisito la participación de la facultad y comunidad universitaria en los procesos de toma de decisiones académicas, algo que quedaría fuera con la aprobación de este proyecto.
“La suspensión de los Senados Académicos, Juntas Administrativas y Claustros, que son los cuerpos que participan activamente en los procesos de autoevaluación, acreditación de programas y cumplimiento con las agencias acreditadoras especializadas, pondría en riesgo inminente y documentable las 258 acreditaciones vigentes del sistema, incluyendo la propia acreditación institucional de la MSCHE”, expresó el Consejo.
Asimismo, reiteraron su apoyo al PC 880, que establecería un nuevo marco legal que consagra la autonomía fiscal, institucional y académica. Así como al PC 1201 que busca restablecer escalonadamente la fórmula del 9.6% de asignación presupuestaria al sistema UPR. Además, exigieron vistas públicas si se considera el proyecto.
El PC 1256 fue referido a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Educación para su evaluación.