Por Centro de Periodismo Investigativo
Ivángel Martínez Alicea está en silencio, con los brazos cruzados, mientras escucha a su mamá y a su papá conversar en una esquina del bullicioso pasillo del sexto piso del Centro Judicial de Bayamón. A su alrededor se escuchan los murmullos de otros imputados de delito y sus familiares. Abogados privados y de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL), que representan a los indigentes del País, caminan con maletines en mano, mientras fiscales cargan montones de expedientes.
Cerca de Ivángel, un joven que creció siendo buen estudiante, hay un escolta del centro de rehabilitación donde recibe el tratamiento ordenado por el tribunal al momento de la entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La mirada del hombre de 23 años se mantiene fija y sus labios están resecos. “Por los medicamentos”, explica su papá, Miguel Martínez Chiques.
Ivángel y su familia llegaron al tribunal aquella mañana de noviembre para una vista judicial sobre el caso que pesa en su contra. Los sucesos se remontan al pasado abril, cuando, según la denuncia, agredió a dos septuagenarios en un centro comercial en Bayamón. Uno de los perjudicados, dijo Martínez Chiques, reconoce que Ivángel es paciente de salud mental y “quiere que él esté bien”.
Finalmente ingresó en agosto al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras, donde recibió los servicios necesarios para estabilizarse con miras a enfrentar el proceso judicial. En octubre, pasó al centro de rehabilitación Land of Freedom.
La condición de Ivángel, quien fue declarado no procesable en mayo de este año, se había deteriorado tanto en la cárcel, relató su madre, que la jueza ordenó que el traslado al hospital de psiquiatría forense fuera de inmediato.
“[La jueza superior Carmen Otero Ferreiras] paró la vista y dijo que Ivángel no podía estar así. Ella lo veía peor de lo que lo había visto la primera vez”, recordó Alicea Sierra.
Aunque, en octubre, Ivángel fue declarado procesable —es decir, que entiende el proceso judicial en su contra y puede colaborar con su defensa—, otros imputados con trastornos mentales permanecen atrapados en prisión sin tratamiento por largos meses o hasta años, una violación de derechos humanos básicos y del debido proceso de ley, según expertos entrevistados.
“Estructuralmente, se está discriminando al paciente de salud mental porque, si no tuviese ese padecimiento, hay unos términos de juicio rápido que harían de su proceso uno muchísimo más expedito”, dijo Luis Alberto Zambrana González, profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce.
Ivángel relató que cuando estuvo recluido en el Centro Médico Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en Bayamón, conoció a una persona que llevaba tres años en el limbo legal de la procesabilidad.
“Era frustrante”, dijo Ivángel sobre las personas que conoció que llevaban años bajo los procesos para determinar o restaurar su procesabilidad.
Ivángel conversó con el CPI aquel día de noviembre que acudió al tribunal con su familia. La conversación fue corta, pues la escolta del centro de rehabilitación se lo llevó rápidamente para cumplir con la orden de lockdown del joven.
“Estaban locos por salir de ese proceso”, agregó en referencia a sus compañeros no procesables en las dos cárceles en las que estuvo preso y en el Centro Médico Correccional.
Según el DCR, hasta octubre de este año, la orden de ingreso más antigua entre los imputados encarcelados que esperaban traslado a un hospital forense data de 2022.
Escasas las camas forenses
Los hospitales de psiquiatría forense, ubicados en Río Piedras y Ponce, han operado a capacidad por años, ante una creciente demanda de servicios y recursos que no alcanzan. La situación provoca que imputados con trastornos mentales permanezcan encarcelados mientras su condición empeora.
Entre 2018 y 2024, ASSMCA le proveyó servicios a un total de 717 imputados como parte del proceso de restauración de procesabilidad, reportó la agencia en respuesta a un requerimiento de información del Senado.
Los imputados no procesables ocupan casi todas las camas en los hospitales forenses. A julio de este año, aproximadamente ocho de cada 10 personas internadas en ambas instituciones estaban bajo evaluaciones de procedibilidad, según los datos que ASSMCA le proveyó al Senado.
“No podemos tapar el cielo con la mano, que sí va en incremento eso”, reconoció la administradora de ASSMCA, Catherine Oliver Franco, en entrevista telefónica. “Nosotros seguimos trabajando contratando psiquiatras; seguimos contratando psicólogos, trabajadores sociales, supervisores de áreas de trabajo social, enfermería, nutricionista, un andamiaje completo”, añadió.
Según datos provistos por la agencia a raíz de una demanda por acceso a información del CPI, para los dos hospitales de psiquiatría forense, hay ocho psiquiatras, nueve psicólogos y 13 trabajadores sociales, entre otros profesionales de la salud, para atender más de 200 camas. En respuesta a la solicitud del CPI, ASSMCA dijo que hay 125 camas en cada hospital forense, o sea, 250 camas. Sin embargo, esa misma agencia le dijo al Senado en julio que tiene 125 camas en Ponce y 162 en Río Piedras, o sea, un total de 287 camas. La agencia no aclaró a qué se debe las discrepancias en los números que ha ofrecido.
“Personal y recursos nunca van a ser suficientes, porque tenemos que cuidar también la salud laboral de nuestros profesionales”, dijo Oliver Franco. “Es un grupo de profesionales de difícil reclutamiento porque no a todo el mundo le gusta trabajar con el paciente de salud mental, pero eso no es impedimento para tratar de conseguir nuevos profesionales”, indicó sobre la escasez de personal en los hospitales de psiquiatría forense.
La falta de espacio en las instalaciones de psiquiatría forense representa un problema persistente que se arrastra desde hace años y mantiene en un limbo a imputados declarados no procesables. La espera promedio por una cama en el año fiscal 2022 duró siete meses, según un análisis de Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), presentado por la jueza Otero Ferreiras en 2023.
“Nosotros necesitamos más camas en nuestro sistema, pero también necesitamos atender el problema de salud mental”, dijo Ferdinand López Colón, coordinador del Programa de Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental de SAL. “Es un asunto salubrista, social y de derechos, que debe trabajarse desde muchos enfoques para tratar de evitarlo. Estoy convencido de que, si se abren 100 [camas], se llenan; si se abren 500, se llenan”, destacó.
El CPI le solicitó a ASSMCA el dato sobre la cantidad de personas que han estado en lista de espera para ingresar a las instituciones desde 2021 hasta el presente, pero la agencia dijo que no tiene la información.
“Los turnos de ingreso a las instituciones de psiquiatría forense son dinámicos y varían diariamente, eliminándose conforme a la admisión de pacientes”, respondió la agencia en una carta firmada por Oliver Franco.
En 2019, una investigación del CPI y el periódico Metro reveló que el Estado no cuenta con un registro único de imputadas no procesables y que a diario se violan los derechos civiles de estas personas. Aquel año, al menos 437 acusados se encontraron en algún punto de este proceso judicial.
Seis años después, la situación no ha cambiado. Ninguna de las agencias involucradas lleva un registro detallado de las personas que han pasado por el proceso para determinar si son procesables. Lo único que pueden proveer son cifras del momento, sin datos exactos sobre cuántos imputados han estado en esa situación en el pasado.
Espera de meses y años
Para los abogados de defensa, solicitar que se paralicen los procesos de un caso para determinar si su cliente es procesable representa una decisión que no se toma a la ligera, dijo Alejandra Belmar Jiménez, directora ejecutiva de SAL. Cuando se inicia el proceso para evaluar la procesabilidad, manifestó, los clientes “se van por ese hoyo negro”.
De acuerdo con el DCR, a mediados del pasado octubre, había 130 personas no procesables bajo custodia de la agencia, de las cuales 68 se encontraban en la institución médica Ponce 500 y 22 en el Centro Médico Correccional.
El DCR, en respuesta a una solicitud del CPI, dijo que fue a partir de 2022 que empezó a recopilar datos relacionados con imputados declarados no procesables. El CPI solicitó datos posteriores a 2022, pero la agencia no proveyó la información.
A pesar de múltiples solicitudes de entrevista sobre la situación de los imputados no procesables bajo custodia del DCR, el secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera, rechazó ser entrevistado y refirió el asunto a ASSMCA.
Mientras, en los tribunales, actualmente cuatro psicólogos realizan evaluaciones de procesabilidad en calidad de peritos del Estado. Según el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, en años anteriores, solo había dos peritos, quienes debían declarar en el tribunal sobre el estado mental o funcional de los imputados.
En el pasado, los profesionales de salud mental que han ejercido la función de perito del Estado en estos casos de procesabilidad han sido psiquiatras. Desde el año pasado, sin embargo, OAT no ha contratado psiquiatras para realizar estas evaluaciones, que son pagadas a $150 el caso.
“No es falta de interés en que tengamos esos peritos en estos procesos con esa especialidad, porque en el pasado los hemos tenido. Es que no hemos encontrado psiquiatras forenses disponibles a pactar con nosotros la prestación de esos servicios”, dijo Steidel Figueroa.
El CPI solicitó datos del Poder Judicial sobre imputados en procesos para determinar si son procesables, incluyendo los números de los casos, pero OAT dijo que no recopila esta información. A preguntas sobre por qué el Poder Judicial no recoge datos sobre estos casos, Steidel Figueroa dijo que la Rama Judicial está haciendo un proceso de digitalización que permitirá centralizar información que por años ha permanecido dispersa en expedientes físicos y en distintos sistemas.
Legislación que no prospera
La Regla 240 de Procedimiento Criminal, que define el proceso para determinar si un imputado es procesable, no establece un plazo específico para que la persona sea ingresada a una “institución adecuada” para recibir el tratamiento que ordenó el tribunal. En años recientes, legisladores han presentado proyectos que buscaban evitar que las personas no procesables estén encarceladas indefinidamente, pero las medidas no prosperaron.
Un proyecto de ley presentado en junio pasado por los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, proponía que ninguna persona declarada no procesable o a la espera de esa determinación permaneciera en una cárcel por más de seis meses, que es el término que dispone la Constitución para garantizar un juicio rápido. La medida se aprobó en la Legislatura por descargue, sin haber celebrado vistas públicas, pero recibió un veto de bolsillo de la gobernadora Jenniffer González.
A juicio de Santiago Negrón, existen los recursos para poner en marcha lo que proponía la pieza legislativa. “Quizás no los suficientes, pero habría sido un llamado a identificar esos recursos que en alguna parte tienen que estar”, dijo la Senadora, quien adelantó que presentará la medida nuevamente antes de que culmine el cuatrienio, con la petición de que se lleve a cabo un proceso de vistas públicas.
En 2021, Santiago Negrón, el exsenador José Vargas Vidot y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentaron un proyecto de ley similar. La propuesta buscaba que imputados con trastornos mentales no permanecieran más de seis meses sumariados sin recibir tratamiento, pero la medida nunca bajó a votación. En aquel momento, ASSMCA respaldó el proyecto, con la condición de que se le asignaran fondos recurrentes para cumplir con la medida.
Al igual que en Puerto Rico, en varias jurisdicciones de Estados Unidos escasean las camas psiquiátricas para proveer los tratamientos de salud mental y servicios de restauración de procesabilidad ordenados por los tribunales, lo que ha resultado en largas listas de espera en estados como Misuri, Florida, Texas, Florida, Oklahoma, Nueva York y Pensilvania, según el medio The Marshall Project.
En Puerto Rico, había 51 hombres y 13 mujeres en espera de ser admitidos a un hospital de psiquiatría forense a mediados de noviembre, según Oliver Franco. La lista de espera, sin embargo, ha llegado a incluir cientos de personas.
Tan reciente como el año pasado, un joven arrestado en 2023 por presuntamente apuñalar a un familiar ocupó el turno número 95 en la lista de espera para ingresar a un hospital forense, según el expediente del caso, que se está viendo en el Centro Judicial de Bayamón. Aunque el tribunal ordenó su traslado a un hospital de ASSMCA en octubre de 2023, no logró ingresar a la institución hasta abril de 2024.
“ASSMCA está haciendo las gestiones para poder ubicar a los pacientes que están en espera de ser ubicados en los hospitales forenses, los cuales se encuentran llenos a capacidad. Este caso reitera la situación de espacios limitados que existe en ambos hospitales psiquiátricos, en los cuales al momento están las camas ocupadas”, dice una minuta del tribunal en el expediente.
Mientras tanto, ASSMCA se encuentra en el proceso de construir un nuevo hospital de psiquiatría forense en Ponce, cerca de donde se ubica la instalación médica actual. Una vez completada la construcción, el hospital existente allí se convertiría en un hogar transicional, dijo Oliver Franco.
El costo de la construcción es de $135.6 millones, según datos del COR3. La construcción comenzaría en junio de 2027 y terminaría en junio de 2030, dijo ASSMCA.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció el pasado enero que obligó sobre $122 millones para reparar el hospital de psiquiatría forense en Ponce. Las reparaciones incluyen proveer una cisterna de agua potable y un generador eléctrico, además de instalar un sistema de energía alterna, según un comunicado de prensa.
Salud mental tras los barrotes
La mayoría de los imputados con trastornos mentales que reciben servicios de ASSMCA, según la agencia, son trasladados del Centro Médico Correccional en Bayamón, cuya unidad de cuidado agudo psiquiátrico tiene solo 35 camas, hacia los hospitales forenses.
Al momento de su traslado al hospital de psiquiatría forense de Río Piedras, Ivángel se encontraba en la institución Ponce 500. Un programa piloto en esa cárcel permite que empleados de ASSMCA provean algunos servicios en la institución carcelaria. Pero no fue hasta que ingresó al hospital forense que sus familiares comenzaron a notar una mejoría en él.
“Ahí tú ves que el trato es mucho mejor”, dijo la madre.
Aunque las personas no procesables en las cárceles tienen acceso a los servicios del programa de salud correccional, la atención que reciben en prisión difiere de la que obtendrían en un hospital de psiquiatría forense.
Según la psicóloga clínica forense Lorena Vázquez Santiago, un hospital de psiquiatría forense ofrece un ambiente terapéutico, en tanto que una cárcel responde a un enfoque punitivo.
“Mientras que en el hospital psiquiátrico forense están dirigidas las personas a tener un tratamiento 24/7, en las cárceles esto no opera de la misma manera, a menos que sea el Centro Médico Correccional y, con todo y eso, tienen unas necesidades o unas diferencias bastante marcadas en servicio”, dijo Vázquez Santiago.
Actualmente, el DCR encamina la construcción de otro nuevo hospital psiquiátrico, ubicado al lado del Centro Médico Correccional, en el Complejo Correccional de Bayamón, sin precisar con qué fondos lo mantendrá ni con qué personal médico se dará el servicio, reportó en julio el CPI. El secretario Quiñones Rivera dijo en aquel momento que la nueva instalación médica albergará a personas “que tienen alguna situación de salud mental de todos los niveles, pero que no han sido declaradas no procesables por el tribunal”.
Para solucionar el problema de falta de camas, ASSMCA ha sugerido en el pasado que se considere ubicar a personas no procesables en el Centro Médico Correccional, según un informe senatorial de 2021. Pero el DCR ha rechazado esta propuesta. En 2021, la entonces secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, dijo en una ponencia ante el Senado que el sistema correccional “no está diseñado para atender personas que necesitan cuidado psiquiátrico especializado por no tener la capacidad para enfrentar un proceso penal”.
La psicóloga Vázquez Santiago planteó que para atender el problema de salud mental en el sistema de justicia se requiere un esfuerzo interagencial. Por ejemplo, mencionó que infraestructuras en desuso podrían convertirse en centros de rehabilitación psiquiátrica, con fondos compartidos y un programa piloto basado en evidencia científica.
Para la madre de Ivángel, el incidente que desembocó en el proceso penal contra su hijo nunca debió haber ocurrido. A su corta edad, ya ha sido internado en hospitales psiquiátricos cinco veces bajo la Ley de Salud Mental. Le hubiera gustado que, durante esas hospitalizaciones, “se hubiera prestado más atención” a la severidad de la condición de su hijo para que no tuviera que ocurrir una tragedia antes de que recibiera tratamiento.
“Hay tantas familias de perjudicados que no están presentes, o no tienen los recursos, como nosotros que vamos, investigamos y verificamos las leyes, esto, lo otro”, lamentó. “Y ahí están, muertos, sufriendo de una condición mental a la que no le dan ningún tipo de ayuda, ningún recurso. Y ahí están, muriéndose, decayendo más y más en esos vacíos”.
Mientras, Ivángel espera por su vista preliminar que será en diciembre con la esperanza de que se honre el acuerdo anticipado en la vista del mes pasado: que simplemente se le permita continuar recibiendo el tratamiento que tanto necesita.