La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja realizó hoy, jueves, una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 1097, con el propósito de investigar las implicaciones del uso de la tecnología artificial con respecto a la seguridad, derechos humanos, libertades civiles, privacidad, salud, ética, economía, educación, manufactura, agricultura, energía y cualquier otro aspecto que pueda tener en la vida cotidiana de las personas.
La pieza legislativa busca además indagar sobre cómo el sector privado garantizará que sus algoritmos, procesos operativos, decisiones comerciales y modelos de negocio con relación a la inteligencia artificial (IA) respeten los derechos, libertades y los demás aspectos antes mencionados.
A la audiencia pública compareció el licenciado y asesor legal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Sánchez Acosta, quien avaló la medida expresando que la IA reflejará el compromiso del Gobierno con el desarrollo y uso responsable de la tecnología, particularmente en el sector público.
“Se tendrá como objetivo garantizar que la IA contribuya al progreso social y económico, al tiempo que se protejan los derechos y valores fundamentales de la ciudadanía”, dijo el funcionario.
Sánchez Acosta recomendó a la Comisión que se realice un Comité de Ética para asesorar en la evaluación y aprobación de proyectos de la IA en el sector público y garantizar el cumplimiento de estándares éticos y legales. También, sugirió que implemente políticas de transparencia que aseguren la divulgación y explicación de los procesos de toma de decisiones automatizadas.
Por otro lado, el principal ejecutivo designado de la Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS), Antonio Ramos Guardiola, sostuvo que esta tecnología trae consigo retos, sin embargo, el funcionario enfatizó que la agencia gubernamental tiene un llamado de velar por la integridad, confidencialidad de la información de las entidades gubernamentales y a proteger los derechos de las personas.
“Como medida cautelar y reconociendo el desafío que representan estos cambios en el uso de la IA, es indispensable que PRITS regule, revise y apruebe cualquier uso actual o futuro de la IA en el gobierno de Puerto Rico. Para lograr esto, requerimos que las entidades gubernamentales soliciten permiso si desean implementar su uso, nos indiquen su propósito y se determine qué beneficio conlleva, de manera que podamos analizar la propuesta”, apuntó Ramos Guardiola.
Asimismo, añadió que cada agencia gubernamental y sus proveedores de servicio tienen el deber de maximizar los beneficios de la IA, mientras reducen los posibles riesgos.
“Con esta gestión, comenzamos asegurándonos que el enfoque de la IA utilizada en el área gubernamental esté enfocada al servicio de los intereses de los ciudadanos, y no limitar su utilización al funcionamiento interno del Gobierno”, afirmó.
Por otra parte, la asesora legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Omara Arias Nieves, destacó los proyectos que están implementando en la agencia y abordó las preocupaciones que pudieran existir en cuanto al acceso a la información producto del uso de la mencionada tecnología.
“Se han tomado las salvaguardas para proteger la información y se estableció un registro de solicitudes de búsqueda de información, con números correlativos secuenciales para las búsquedas realizadas y procesos de autorizaciones que permitirán un control y supervisión efectiva”, expresó Arias Nieves.
De esta manera, agregó que el DSP elaboró el Reglamento del Sistema de Cámaras de lectura de tablillas, el cual fue sometido a las partes del caso federal sobre el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía. Además informó a la Comisión que el Reglamento sobre las cámaras de reconocimiento facial (Facial Recognition) se encuentra en etapa de revisión final para ser sometido a las partes del Acuerdo para la Reforma.
Al finalizar, el representante Luis Ortiz Lugo resaltó que la prioridad de la Comisión cameral es conocer cuáles son las iniciativas que las agencias gubernamentales están llevando a cabo para una gobernanza consistente, basada en los derechos, libertades, salud y ética, respecto a la IA.