El representante José Enrique Meléndez, anunció este jueves, que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó el proyecto de la Cámara 245, el cual crea un grupo de trabajo (task force) entre agencias estatales, federales e internacionales, dirigido a desarrollar estrategias dirigidas a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Puerto Rico.
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“Agradezco al gobernador por convertir en ley (Ley 83-2023) esta importante pieza legislativa. La adopción de esta Ley implica destinar los recursos necesarios, en los diferentes niveles gubernamentales de Puerto Rico con participación social, para prevenir y erradicar el problema. Como consecuencia, el Estado debe incluir el problema como uno prioritario en sus planes de desarrollo y destinar asignaciones presupuestarias y de recursos humanos suficientes para la prevención y erradicación del mismo”, aseguró Meléndez.
“Hoy día, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es considerada como una ‘forma de esclavitud y un crimen de lesa humanidad’, según se desprende de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, adoptados y ratificados por muchos países que hoy disponen de un marco ético y jurídico inequívoco para combatirla. Por ello, se hace imprescindible asumir que la prevención y erradicación de este mal es una prioridad social. La explotación sexual comercial lesiona de manera grave la integridad, dignidad e igualdad de sus víctimas y causa importantes daños físicos, mentales y sociales”, añadió el legislador novoprogresista.
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La nueva Ley autoriza a la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales a establecer task forces con otros negociados del Departamento de Seguridad Pública y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales, que tengan como propósito, erradicar el mismo en la Isla.
Según explicó el representante, las naciones del mundo han convertido a los menores de 18 años en sujetos con plenos derechos, expresados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, uno de los cuales es la protección contra cualquier forma de explotación. La protección integral de niños, niñas y adolescentes es hoy un imperativo moral y jurídico, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia.