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Titi Wanda podría estar en problemas por andar tuiteando

La exgobernadora publicó un mensaje sobre “injusticia” en la red social Twitter

La fiscalía federal del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico radicó una moción en la cual alegan que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, cometió una violación a la orden de mordaza que se le impuso en el caso por soborno.

La exgobernadora realizó expresiones el pasado sábado a través de sus redes sociales, específicamente en su Twitter donde publicó una imagen con la siguiente frase: “La evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean”.

La moción está sellada por lo tanto se desconocen los detalles.

El pasado 13 de agosto, el juez federal Raúl M. Arias Marxuach impuso una mordaza en el caso federal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera-Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.

La orden tiene vigencia hasta que se emita el veredicto del caso. Esta impide a las partes hablar con la prensa, en público o en redes sociales sobre cualquier información relacionada al caso que no sea lo que se discute en corte abierta o en documentos irrestrictos dentro del récord electrónico del trámite judicial.

La orden de mordaza aplica a los fiscales del caso, a los oficiales federales que hayan intervenido en la investigación, a los acusados o sus equipos legales y a todos los potenciales testigos o sus respectivas representaciones legales. “Las personas antes mencionadas no darán ni autorizarán ninguna declaración o entrevista extrajudicial a ninguna persona o personas asociadas con cualquier medio de comunicación pública o que una persona razonable esperaría que se comunique a un medio de comunicación pública en relación con el juicio, las partes o los asuntos en este caso que no sean de dominio público y puedan interferir con un juicio justo o perjudicar a cualquier acusado, al gobierno o a la administración de justicia”, lee la orden judicial.

Vázquez fue acusada de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020. Por este esquema también fue acusado Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito) y su asesor, un ex agente del FBI Mark Rossini.

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