El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, defendió que el gobierno de Puerto Rico transara la demanda con la que pretendían recobrar los $224 mil 100 que se pagaron por la guagua blindada para el exgobernador, Ricardo Rosselló, por $175 mil.
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“Fue una transacción por $175 mil, el 80 % de la cantidad que estábamos reclamando”, dijo en entrevista con el analista político, Jay Fonseca. Emanuelli destacó que litigar el caso en Puerto Rico con los abogados de Justicia hubiese costado unos $50 mil, pero existía la posibilidad de que el caso se trasladase a Texas donde se compró la guagua a Texas Armoring Corporation (TAC). Además, recordó que la empresa había contrademandado al gobierno de Puerto Rico por $1.5 millones. “De eso se pagó cero”, dijo el secretario de Justicia para resaltar las bondades de transar la demanda.
Para Emanuelli nunca fue una opción reclamar que le entregaran el vehículo al gobierno de Puerto Rico porque ya había devaluado. Dijo que el valor actual de la guagua sería de unos $60 mil a $70 mil versus el pago de $224,100, además dijo que el mantenimiento del vehículo hubiese costado unos $35 mil al año.
El secretario de Justicia no descartó investigaciones y acciones penales sobre cómo Puerto Rico hizo un contrato para pagar por adelantado $224,100 por un vehículo blindado y customizado para quien eventualmente se convirtió en el primer gobernador de la isla en renunciar al cargo.
Allá para el año 2017, la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y La Fortaleza estuvieron involucrados en la compra del Chevrolet modelo Suburban del 2018 que nunca se entregó al gobierno de Puerto Rico. Hubo visitas de funcionarios del gobierno de Puerto Rico y de La Fortaleza a Texas para concretar el acuerdo.
En junio del 2020, Metro reportó en portada que a casi 20 meses del pago por el peculiar vehículo este no había sido entregado, ni el suplidor daba señales de dónde estaba la guagua. De hecho, el entonces secretario del DSP, Pedro Janer, envió una carta con sus preocupaciones a la contralora, Yesmin Valdivieso.
En marzo del 2021, Justicia anunció la demanda contra TAC.