Poco menos de dos meses después de que la jueza Laura Taylor Swain confirmara la propuesta de la Junta de Control Fiscal (JCF) y de varios intentos de opositores por detener su implementación, el Plan de Ajuste entra hoy en vigor, por lo que el gobierno central comenzará a hacer desembolsos a sus acreedores por primera vez en casi cinco años.
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En primera instancia, el gobierno deberá pagar en efectivo unos $10,887 millones que ha venido acumulando en sus cuentas de banco desde el 2 de mayo de 2017, cuando la JCF solicitó la moratoria en el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado, al amparo del Título III de la Ley Promesa.
De esa cifra, que supera lo que el gobierno típicamente ingresa a su fondo general a lo largo de un año fiscal, unos $7,988 millones van destinados a cumplir con el servicio a la deuda, de acuerdo con la resolución conjunta que aprobó unilateralmente la JCF a finales de febrero. Entre los recipientes de ese pago en efectivo figuran 28 categorías de bonistas u otras clases de acreedores, e incluyen los llamados “costos de consumación” del Plan de Ajuste, que además de los acreedores tanto del gobierno central como de la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados.
Un segundo bloque de $2,889 millones, en tanto, va destinado a cumplir con los pagos ordenados judicialmente y otras indemnizaciones que cubren a 16 categorías de acreedores. La porción mayor de esta partida, unos $1,377 millones se dirigirá a participantes del Sistema 2000, uno de los múltiples esquemas de pensiones que ha creado el gobierno para sus empleados públicos en los pasados 70 años.
La tercera partida que se desembolsará a raíz de la entrada en vigor del Plan de Ajuste consiste en unos $10 millones desembolsados como una “bonificación” a empleados representados por la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados, sindicato que favoreció la confirmación de la reestructuración.
“En el día de mañana se formalizará la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico, con la efectividad del Plan de Ajuste que fue recientemente confirmado por el Tribunal Federal. Mañana nuestro gobierno dará un gran paso hacia adelante, un paso hacia la recuperación económica de nuestra isla. Es un momento trascendental porque finalmente el gobierno deja atrás la quiebra y dedica todos sus esfuerzos a lograr el futuro de progreso que tú y yo queremos para Puerto Rico”, expresó ayer el gobernador Pedro Pierluisi en un mensaje pregrabado.
Poco después que se publicara el mensaje del primer ejecutivo, la saliente directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, emitió unas declaraciones en las que pareció advertir a los gobernantes y la ciudadanía sobre los riesgos de repetir prácticas pasadas en el manejo de las finanzas públicas.
“Se necesita que la sociedad civil dé un paso adelante y diga ‘esto es lo que queremos, la rendición de cuentas; que las promesas se cumplan’. Ahora mismo, hay muchas protestas en la calle. Quieren promesas, pero las promesas impagables nos llevaron a esta situación. Se prometió de todo para las pensiones, se añadieron beneficios todo el tiempo, y al final no quedó nada para el retiro. Eso no puede volver a suceder, y la gente tiene que pedir cuentas a sus líderes”, expresó Jaresko, quien renunciará el 1 de abril.
A largo plazo, el impacto fiscal del Plan de Ajuste se centrará en los bonos reestructurados que se emitirán conforme al documento avalado por Swain el pasado 18 de enero.
La serie 2022A de emisiones del gobierno central –la primera emisión desde 2014– se divide entre unos $6,780 millones en bonos que acumularán un interés corriente de entre 4% y 5%, cuya amortización debe finalizar en 2046, y otros $1,067 millones en los llamados bonos de apreciación de capital (CAB), que se amortizan mediante un solo desembolso al final de su vigencia.
Los primeros pagos correspondientes a las emisiones, de acuerdo con la documentación sometida a la jueza Swain por la JCF, deberán realizarse el 1 de julio de este año. En esa fecha, el gobierno desembolsará $376.5 millones del principal de los bonos de interés corriente, más $307.8 millones de interés y otros $106 millones correspondientes a los CAB, para un total de $790.3 millones.
El servicio a la deuda –principal e interés– por concepto de los bonos de interés corriente irá disminuyendo anualmente, desde los $684 millones en 2022 hasta unos $159 millones para el 2046. En total, el principal y la deuda por estos bonos tendrá un costo de $9,847 millones para el erario público.
En el caso de los CAB, el gobierno desembolsará $106 millones anualmente entre 2022 y 2024, y otros $150 millones cada 1 de julio de 2029 a 2033, por lo que, en última instancia el servicio a la deuda del gobierno central, por el próximo cuarto de siglo rondará los $10,900 millones.
A esa cifra también podría sumársele los pagos correspondientes a los instrumentos de valor contingente, bonos que se pagarían si en un año fiscal los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso o por los reembolsos del arbitrio al ron superan ciertas proyecciones.
Para la creación de un Fideicomiso de Pensiones para los empleados del sector público, en tanto, el presupuesto enmendado por la JCF ordenó un pago inicial de $1,420 millones. A futuro, el fideicomiso se nutrirá de parte de los recaudos que representen un exceso respecto a las proyecciones en el plan fiscal.
Aunque la JCF ha insistido que el Plan de Ajuste recorta las obligaciones del gobierno central en hasta un 80% –a la luz del principal de los nuevos bonos–, un análisis del Centro para una Nueva Economía estima el ahorro real en un 48%, lo que “es significativo pero no tan alto como afirma la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ni tan bajo o trivial como alegan los detractores del plan”.
Congeladas de las pensiones
Aunque entró en vigor hoy, la confirmación del Plan de Ajuste no es final y firme, toda vez que aún quedan pendientes los procesos ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston que incoaron el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública y un grupo de seis cooperativas de ahorro y crédito.
Sin embargo, la organización magisterial, que agrupa a la Federación de Maestros, Educamos y Unete, sufrió un duro golpe la semana pasada, cuando el foro judicial denegó un pedido para que se detuviera la implementación del Plan de Ajuste hasta que se resolvieran las apelaciones en sus méritos.
La denegatoria implica que, desde hoy, el plan de retiro queda congelado, por lo que los maestros dejarán de acumular beneficios y el Departamento de Educación ya no realizará aportaciones patronales para complementar los descuentos a los docentes.
De ahora en adelante, los maestros que ingresaron al sistema antes de 2014 podrán disfrutar de los beneficios acumulados hasta ayer, así como lo que aporten a sus cuentas individuales, dejando atrás el modelo que les permitía retirarse tras 30 años de servicio con una pensión equivalente al 75% del salario. Algo similar ocurrirá en el caso de los jueces, gremio que optó por no apelar la confirmación del Plan de Ajuste.
Sin embargo, al presente, el gobierno, la JCF y los gremios magisteriales discuten alternativas para mejorar las condiciones de retiro de los docentes, que, por el momento, postergarían la edad de jubilación hasta los 63 años.
En ese contexto, unos 2,800 maestros elegibles completaron los trámites para retirarse al final del año escolar, escenario que el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, describió ayer como un “reto”, considerando que ordinariamente se jubilan entre 700 y 800 docentes cada año.
Al oponerse a la petición de paralización de la reestrcuturación, la JCF sostuvo que, si la apelación tuviera éxito y se ordenara la reactivación de los planes de pensiones definidas, el organismo tendría la capacidad de ajustar el presupuesto estatal para cumplir tanto con los retirados como con el resto del Plan de Ajuste. Esta postura se distanció de los argumentos que esgrimió en las vistas de confirmación, cuando planteó que los planes gubernamentales de beneficio definido hacían inviables las demás propuestas del Plan de Ajuste.