En lo que denominó “un crimen cultural y al patrimonio del país”, el representante a la Cámara Denis Márquez Lebrón denunció la destrucción de un mural 'Río Grande de Loíza' realizado hace 52 años por el artista plástico puertorriqueño Antonio Torres Martinó (1916-2011) en la Escuela Julia de Burgos, en Carolina, recién cedida por un dólar a la Fountain Christian Bilingual School del pastor Otoniel Font.
[metroimage ids="43-35707" ] Desprecio total. Sin duda alguna, el pastor Otoniel Font no sabe un divino del arte puertorriqueño y mucho menos le importa. (Foto: Ministerio Génesis)
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó la resolución 872 para ordenar a la Comisión de Educación Arte y Cultura de la Cámara de Representantes una investigación sobre la destrucción del mural de Torres Martinó.
“Se acaba de cometer un crimen contra el patrimonio cultural de Puerto Rico y el legado de nuestro pintor Torres Martinó”, afirmó en rueda de prensa junto a la profesora Margarita Fernández Zavala, coautora del libro “Voz de varios registros”, sobre la vida y obra del artista plástico. [metroimage ids="43-35708" ] Este mural fue realizado por uno de los artistas plásticos más importantes de la historia de Puerto Rico. Y Font, como no le importa, lo borró. Fernández Zavala alertó sobre el riesgo que corría la obra, acompañada del pintor Edgar Rodríguez Luiggi, quien aseguró que la obra podría restaurarse. Márquez Lebrón realizó un energético emplazamiento a las partes involucradas, tanto agencias del gobierno como la entidad arrendataria, “a que rindan cuentas sobre este asesinato a las artes” y a la Cámara de Representantes para que apruebe ambas resoluciones. [metroimage ids="43-35710" ] Así se ve ahora la pared donde ubicaba el icónico mural que borró la administración de la nueva escuela de Otoniel Font. (InterNewsService) El portavoz del PIP en la Cámara también sometió otra resolución, 302, para ordenar al Departamento de Educación a realizar un inventario urgente de las obras de arte, murales, pinturas y esculturas que son parte de las escuelas públicas y para que, en conjunto con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, garantice su custodia, permanencia y protección “en las escuelas que están cerradas temporera o permanentemente”.